El Congreso Nacional de la República de Honduras, en el ejercicio de sus facultades constitucionales y con un firme compromiso con el desarrollo sostenible del país, aprobó recientemente más de 359.9 millones de dólares en préstamos internacionales en condiciones concesionales (bajas tasas de interés y con favorables períodos de gracia), acompañados de 39.1 millones de dólares en donaciones no reembolsables, para financiar proyectos estratégicos en infraestructura vial, energía limpia, recuperación ambiental y fortalecimiento del sector agroalimentario.
Estos recursos fueron gestionados por el Gobierno de Honduras y suscritos con organismos multilaterales de alto prestigio como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Banco Mundial (BM).
Todos estos organismos operan bajo estrictos estándares técnicos, criterios de sostenibilidad y mecanismos de transparencia y supervisión, siendo aliados clave para el desarrollo de nuestra región.
Resulta lamentable y profundamente irresponsable insinuar que dichos organismos se prestarían para respaldar iniciativas con fines políticos o electorales.
Estas afirmaciones no solo ofenden la integridad y profesionalismo de las instituciones financieras internacionales, sino que desconocen los rigurosos procesos de evaluación, control y seguimiento que aseguran el uso adecuado y eficiente de los recursos.
Pretender deslegitimar el financiamiento internacional con fines partidarios es un acto que atenta directamente contra el bienestar del pueblo hondureño. El país necesita soluciones reales, no discursos destructivos.
Agradecemos a los diputados y diputadas que, con responsabilidad y visión de país, respaldaron estas iniciativas pensando en el bienestar colectivo. Su voto permitió viabilizar proyectos que beneficiarán a miles de familias hondureñas mediante la generación de empleo, la mejora de la conectividad, el acceso a energías limpias, la resiliencia climática y el desarrollo productivo en zonas vulnerables.
Condenamos, en cambio, la actitud de aquellos que, por motivaciones políticas mezquinas, se opusieron incluso a proyectos avalados por la cooperación internacional.
La oposición ciega no es una postura política legítima: es una renuncia al deber de representar al pueblo.
Durante los últimos 12 años, se elevó la deuda pública de 3,000 millones a más de 20,000 millones de dólares, sin que esos recursos se tradujeran en obras concretas ni mejoras sustanciales para la población.
Hoy, el Gobierno implementa uno de los programas de inversión pública más grandes de la historia reciente, con respaldo técnico, financiero y ético de organismos internacionales. La inversión pública no tiene ideología; tiene objetivos sociales.
Cabe destacar que estos contratos de préstamo aprobados por el Congreso Nacional ya están contemplados en el Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2025, por lo que no representan un endeudamiento adicional no previsto, sino parte del financiamiento externo planificado y aprobado por el Estado.
El no aprobarlos es estar en contra de la inversión para el pueblo hondureño. En Honduras, los impuestos apenas cubren alrededor del 60 % del presupuesto nacional anual.
El 40 % restante debe financiarse con préstamos, tanto nacionales como internacionales. El acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contempla este déficit estructural, pero incluye además metas claras de inversión social y disciplina fiscal.
En este sentido, es fundamental aprobar la Ley de Justicia Tributaria, respaldada también el FMI, para asegurar que quienes no pagan impuestos contribuyan, reduciendo así el déficit y aumentando la recaudación del Estado.
Este Congreso Nacional seguirá legislando con sentido de país, priorizando el desarrollo sostenible, la transparencia y el bienestar de todos los hondureños.
Tegucigalpa, M.D.C. Congreso Nacional de Honduras
