El Congreso Nacional de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales y conforme a su Ley Orgánica, convocó al pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral, para que el proceso electoral del 30 de noviembre se desarrolle con legalidad y total respeto al orden democrático, por lo que consideramos fundamental recibir información directa, clara y detallada de los consejeros propietarios del Consejo Nacional Electoral, mismos que fueron recibidos de manera respetuosa por este Poder del Estado.
Se asignó personal de protocolo y seguridad interna para su atención, y el presidente de la Comisión Especial, el honorable diputado Ramón Barrios, tenía instrucciones de acompañarlos a la oficina de la Presidencia mientras aguardaban el inicio de la sesión. Sin embargo, la bancada del Partido Nacional solicitó que la consejera Cossette López se dirigiera directamente a su oficina y, en el caso de la consejera Ana Paola Hall, fue requerida por la bancada del Partido Liberal para que se reuniera con ellos. Durante la disertación, las distintas bancadas representadas en el Congreso Nacional se condujeron con respeto y apertura al diálogo.
No obstante, teníamos conocimiento previo de un acuerdo entre las bancadas del Partido Nacional y del Partido Liberal, mediante el cual, una vez finalizada la intervención de la consejera Cossette López, abandonarían sus curules con el objetivo de desestabilizar el desarrollo de la sesión legislativa e impedir la participación del consejero Marlon Ochoa.
La consejera Cossette López inició su intervención sin interrupciones ni restricciones, y se dirigió al Pleno del Congreso Nacional con total libertad. En todo momento fue escuchada con respeto, incluso cuando comenzó a emitir comentarios fuera de orden, dirigidos a menospreciar y deslegitimar la figura del consejero Marlon Ochoa, quien también forma parte del pleno del Consejo Nacional Electoral.
Fue precisamente en ese momento cuando se generaron reacciones verbales dentro del hemiciclo, como ha ocurrido en múltiples ocasiones ante situaciones similares.
Esto no justifica que la bancada del Partido Nacional y algunos liberales se hayan puesto de pie para impedir la continuidad de la sesión, pese a los múltiples llamados al orden del presidente de este Poder del Estado.
Las consejeras fueron sacadas del hemiciclo por sus propias bancadas, sin que en ningún momento se viera comprometida su seguridad ni se necesitara intervención de los cuerpos de resguardo institucional.
Lamentamos los daños ocurridos como resultado de este desorden premeditado y condenamos la violencia de la que fue objeto el consejero Marlon Ochoa cuando se disponía a dirigirse al Pleno. En ese momento, la congresista María Antonieta Mejía arrancó el micrófono de forma violenta, dañándolo por completo.
Ante esta situación, el consejero Ochoa se vio obligado a dirigirse al pueblo hondureño desde el espacio destinado a los invitados. El plan preconcebido ya estaba en ejecución, y lamentablemente continuó con actos de violencia y destrucción que ocasionaron daños materiales dentro del hemiciclo.
Todo para impedir la participación del consejero Ochoa. Condenamos, además, que una de las bancadas incorporó a personas ajenas al hemiciclo legislativo, sentándolas en los curules.
Es falso y condenable que se diga que no existen condiciones reales para garantizar las elecciones generales del 30 de noviembre, cuando ha sido este Poder del Estado el que ha aprobado un presupuesto que asciende a los L 4,025,598,567.00 y 14 decretos en materia electoral, como la elección del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Registro Nacional de las Personas (RNP), Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) (Política Limpia) (Decretos No. 32-2024 y No. 21-2024); el presupuesto especial electoral para las elecciones primarias internas 2025, por un monto de UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L.1,492,000,000.00) para los ejercicios fiscales 2024 y 2025 (Decreto No. 82-2024); presupuesto especial electoral de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) para el proceso de elecciones primarias e internas 2025, por la cantidad de CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (L.110,563,982.00) (Política Limpia); autorizar a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) para ampliar su planificación de actividades dentro del marco de la fiscalización de los informes financieros de ingresos y egresos de los gastos de campaña presentados por los sujetos obligados.
De igual manera, se faculta a la UFTF para llevar a cabo procesos de adquisición de bienes y servicios, contrataciones y modificaciones presupuestarias (Decreto No. 15-2025 y Decreto No. 107-2024); para garantizar la correcta y oportuna gestión logística de los procesos de elecciones primarias y generales a celebrarse en el año 2025, a partir de la vigencia del presente decreto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) puede disponer de las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) en la medida y el tiempo que sea necesario para el correcto funcionamiento de los procesos electorales antes mencionados (Decreto No. 83-2024); Ley para la Administración y Ejecución Transparente del Presupuesto Electoral para Elecciones Primarias (Decreto No. 84-2024); presupuesto especial para la justicia electoral de las elecciones primarias, internas y generales 2025 del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), por un monto de TREINTA Y NUEVE MILLONES DE LEMPIRAS (L.39,000,000.00) para el ejercicio fiscal 2025, destinado a realizar procesos y actividades jurisdiccionales y resolver en tiempo y forma los recursos que presenten los ciudadanos que se vean vulnerados en sus derechos políticos-electorales (Decreto No. 11-2025); reformar el artículo 315 de la Ley Electoral de Honduras, en relación a la adecuación de los estatutos de los partidos políticos, ampliando por un (1) año, y por esta única vez, el plazo contado a partir de la publicación de la presente reforma para que los partidos políticos adecuen su Declaración de Principios, Estatutos y Programa de Acción Política a lo establecido en la Ley Electoral de Honduras (Decreto No. 136-2022); Ley Orgánica y Procesal Electoral. Ley de Organización y Transmisión de Debate Presidencial (Decreto No. 116-2024 y Decreto No. 85-2024); presupuesto especial para las elecciones generales 2025, por un monto de L.1,737,500,000.00 (Decreto No. 42-2025); L.85,489,305.00 adicionales para las Fuerzas Armadas por su acompañamiento en el proceso electoral (Decreto No. 5-2025); y la ampliación del presupuesto electoral para elecciones primarias en L.561,045,280.00, solicitada por el Consejo Nacional Electoral.
En el pasado, los presupuestos electorales se aprobaban tres meses antes de las elecciones, y nosotros los hemos aprobado con más de seis meses de antelación, constituyéndose esto como un hito histórico para garantizar la democracia del país.
POR LO TANTO, no aceptamos las declaraciones irresponsables que pretenden afirmar que no existen condiciones reales para garantizar las elecciones del 30 de noviembre en Honduras.
Los hechos hablan por sí solos: 15 decretos emitidos por el Congreso Nacional en materia electoral y una asignación presupuestaria total de L.4,025,598,567.00 respaldan de forma contundente el compromiso del Estado de Honduras con un proceso electoral transparente, libre y ordenado.
No son los supuestos ni las afirmaciones sin fundamento las que deben prevalecer, sino la verdad y el esfuerzo institucional. Rechazamos todo intento de desinformar y generar incertidumbre que afecte al pueblo hondureño.
Desde el Congreso Nacional reiteramos nuestro compromiso con el respeto institucional, el orden democrático y el derecho a la libre participación de todos los órganos del Estado.
Condenamos firmemente todas las acciones encaminadas a sabotear o desestabilizar la comparecencia de los miembros del Consejo Nacional Electoral, y en particular, los intentos reiterados de bloquear la participación del consejero Marlon Ochoa, así como los daños ocasionados a las instalaciones de este Poder del Estado.
Hacemos un llamado a los consejeros del Consejo Nacional Electoral a construir consensos verdaderos en favor del pueblo hondureño, y a no permitir bajo ninguna circunstancia el regreso de prácticas que dieron lugar a los fraudes electorales de 2013 y 2017, que fueron financiados por el narcotráfico.
Nuestro deber es garantizar procesos democráticos, transparentes, con reglas claras, equitativas y alejadas de cualquier modelo que haya dañado la voluntad soberana del pueblo y haya acabado con la vida de decenas de compatriotas.
