La Ceiba, Atlántida. Domingo 20 de julio 2025 | Agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), adscritos al Punto de Control Fronterizo de La Ceiba, departamento de Atlántida, ejecutaron una operación de alto impacto orientada a contrarrestar el tráfico ilícito de productos marinos en la costa norte del país.
El operativo se realizó con el acompañamiento técnico de inspectores de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), ente especializado de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), como parte de la Operación Escorpión V y en el contexto de la Fase III del Plan Solución Contra el Crimen.
En dos intervenciones distintas, se logró el decomiso de 1,510.5 libras de langosta fuera de talla y 3,228.43 libras de caracol gigante (Strombus gigas), mercancías que eran transportadas sin los permisos correspondientes, sin documentación legal de respaldo, y que violentaban disposiciones expresas en materia de regulación pesquera.
En el primer caso, se incautaron 1,510.5 libras de langosta que no cumplían con los requisitos de talla mínima establecidos por ley.
El ciudadano que la transportaba, hondureño de 30 años, originario de Gracias a Dios y residente en La Ceiba, no presentó documentación válida de procedencia, licencia de pesca ni constancia de trazabilidad.
La inspección técnica determinó que la carga incumplía el Acuerdo Ministerial SAG-086-2025, publicado el 9 de enero de 2025 en el Diario Oficial La Gaceta, el cual establece en su artículo 4 que “queda prohibida la captura, transporte, comercialización y tenencia de langosta espinosa (Panulirus argus) que no cumpla con la talla mínima permitida de 5.5 onzas tail o 13.5 cm de longitud total, medida desde el ojo hasta el extremo del caparazón”.
El valor aproximado del decomiso asciende a L483,360.00.
En una segunda acción, se interceptaron 57 bolsas plásticas que contenían 3,228.43 libras de caracol gigante, cuyo valor de mercado fue estimado en L387,411.60.
El cargamento era trasladado por un hondureño de 38 años, originario y residente en Tegucigalpa, quien no presentó documentación que acreditara origen legal ni autorización de extracción.
Conforme a la verificación realizada por DIGEPESCA, se confirmó que la mercancía no provenía de embarcaciones debidamente registradas ni contaba con licencia de pesca o documentos de trazabilidad conforme lo exige la ley.
Este decomiso se fundamenta en el Acuerdo Ministerial SAG-003-2025, también de fecha 9 de enero de 2025, que en su artículo 3 estipula: “queda expresamente prohibida la comercialización, transporte o posesión del caracol gigante (Strombus gigas) cuando este no haya sido extraído por embarcaciones autorizadas e inscritas en el registro oficial de flota pesquera nacional, y sin los permisos de captura y documentación de trazabilidad emitidos por la DIGEPESCA”.
Ambos productos fueron puestos bajo custodia administrativa en una planta procesadora autorizada de la zona, donde permanecen en resguardo mientras la Dirección General de Pesca y Acuicultura continúa el procedimiento de investigación, sanción administrativa y posible judicialización de los implicados, según lo establecido en la Ley de Pesca y Acuicultura (Decreto Legislativo No. 154-2013), especialmente los artículos 74, 76 y 78, que tipifican como infracción grave la captura y transporte de especies vedadas o fuera de las condiciones reglamentarias.
Además, estos hechos también podrían configurar delitos ambientales contemplados en el Código Penal hondureño, particularmente el artículo 327, que sanciona con penas privativas de libertad a quienes “trafiquen, comercialicen o transporten especies de fauna marina sin el debido permiso o fuera de las regulaciones establecidas por ley, afectando el equilibrio del ecosistema o la sostenibilidad de los recursos naturales”.
Con un valor total estimado de L870,771.60, este decomiso representa un duro golpe a las redes de extracción ilegal que atentan contra la biodiversidad marina, y reafirma el compromiso de la Policía Nacional a través de la DNSPF de hacer cumplir el marco legal ambiental y pesquero del país.
