Tegucigalpa, Honduras. El día de hoy 9 de septiembre del presenta año, entra en vigencia la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras. La decisión, anunciada en el Registro Federal el 8 de julio, implica que cerca de 72, 000 ciudadanos hondureños perderán la autorización para trabajar y la protección contra la deportación.
Esta lamentable decisión ha prendido luces de alarma en Honduras, donde un informe del laboratorio de investigación NODO Lab, advierte que más de 35, 000 hogares dependen directamente de las remesas enviadas por los beneficiarios del TPS. Se estima que el aporte económico anual de este programa oscila entre 162 y 211 millones de dólares, lo que resulta fundamental para la estabilidad de miles de familias hondureñas.
No obstante, el fin de esta protección coloca a muchos hondureños en una situación jurídica precaria, con riesgo de deportación si no logran opciones migratorias alternativas. Además, el impacto económico se sentirá con fuerza en comunidades que reciben remesas constantes y sustentan parte de su economía familiar en ese flujo de divisas.
Lic. Clelia M. Rubí Bueso
Periodista
Prensa Libre Honduras
