Villa de San Francisco, F. M. 16 de octubre de 2025 | Una oportuna intervención de la Policía Nacional de Honduras, a través de la Unidad Metropolitana de Prevención N° 25 (UMEP-25), permitió rescatar sanos y salvos a un ingeniero civil y a sus dos colaboradores, víctimas de un presunto secuestro en La Villa de San Francisco, Francisco Morazán.
El hecho se registró tras una alerta recibida por el Sistema Nacional de Emergencias 911 sobre la posible retención de un vehículo con tres personas, quienes habían acudido al lugar tras recibir una llamada relacionada con un aparente contrato de servicios de construcción.
Según las investigaciones preliminares, los hombres fueron contactados telefónicamente por supuestos clientes que, con argumentos convincentes, los guiaron a una zona apartada bajo la promesa de un proyecto laboral.
Confiando en el ofrecimiento, se desplazaron al lugar esperando concretar un nuevo contrato.
Al llegar y esperar varios minutos sin que apareciera nadie, comenzaron a sospechar que algo no estaba bien.
La situación se agravó cuando recibieron llamadas y mensajes amenazantes, incluyendo advertencias sobre “francotiradores” y la presencia de una estructura delictiva organizada que los rodeaba.
En medio del miedo, las víctimas contactaron a sus familiares, informando que estaban secuestrados y que los captores exigían L. 300,000 a cambio de su libertad.
Los familiares alertaron de inmediato a las autoridades, activando un operativo de reacción rápida.
Patrullas preventivas de la UMEP-25 se desplazaron al lugar, estableciendo un perímetro de seguridad y ejecutando un rescate coordinado.
Los agentes localizaron el vehículo y protegieron a las tres víctimas, quienes se encontraban visiblemente alteradas por las amenazas recibidas, evitando que los presuntos delincuentes lograran su cometido.
Tras el rescate, la Policía UMEP-25 coordinó con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), para iniciar las diligencias correspondientes.
Las primeras indagaciones indican que los autores podrían formar parte de una red criminal que emplea una nueva modalidad delictiva, en la que simulan contrataciones laborales para atraer a las víctimas, intimidarlas y exigir pagos de dinero a familiares o empleadores.
