La iniciativa fue presentada por el diputado liberal Francis Cabrera y, tras ser aprobada en primer debate el 11 de febrero, quedó definitivamente avalada luego de que el jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, solicitara la dispensa del segundo y tercer debate.
Con esta reforma, las facultades administrativas que ejercía la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, pasan al Pleno de los 15 magistrados, como órgano colegiado.
Esto significa que decisiones deberán ser aprobadas por al menos ocho magistrados, tales como: Nombramiento y destitución de jueces, Movimientos de personal administrativo,Resoluciones disciplinarias.
El cambio traslada el poder de decisión de una sola persona al pleno de la Corte, bajo el argumento de fortalecer la colegialidad en la administración del Poder Judicial.
