Alias “Peligroso” y “Bad Bunny”, fueron remitidos a la cárcel de Máxima Seguridad “La Tolva
San Pedro Sula, Cortés, 17 de abril del 2026 – Mediante realización de audiencia inician en los Tribunales de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de San Pedro Sula, Cortés, dictaron Auto de Formal Procesamiento con la Medida de Prisión Preventiva contra dos peligrosos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13).
La determinación judicial surge tras la contundente carga probatoria presentada por los agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), quienes el pasado 11 de abril ejecutaron una operación estratégica en el sector Quebrada Seca, Choloma.
Entre los enviados a prisión destaca alias “Peligroso”, cabecilla de alto rango, quien según las investigaciones fue deportado de Estados Unidos en 2024, desde donde fungía como enlace transnacional, coordinando directrices entre células criminales del extranjero y Honduras. Actualmente, era el responsable del programa de control y distribución de narcóticos.
Junto a él, fue procesado alias “Bad Bunny”, con un historial criminal de 15 años dentro de la organización, los investigadores lo identifican como el encargado del programa de gatilleros y la venta de estupefacientes en la zona norte.
En la operación, a los hoy imputados se les decomisó un fusil AK-47, munición de uso prohibido y múltiples paquetes de supuesta cocaína, marihuana y piedra de crack.
En ese sentido, enfrentan procesos por tráfico de drogas, tenencia ilegal de arma de fuego de uso prohibido, tenencia de munición de uso prohibido y asociación para delinquir.
Por la peligrosidad que representan para la sociedad y el orden público, el juez determinó su traslado inmediato al Centro Penitenciario de Máxima Seguridad “La Tolva”, en Morocelí, El Paraíso.
La DIPAMPCO reafirma su compromiso con el pueblo hondureño de no dar tregua a la impunidad, garantizando que los expedientes presentados ante los tribunales posean el sustento investigativo suficiente para lograr la judicialización de personas vinculadas al crimen organizado.
