Tegucigalpa, Honduras. 15 de mayo del 2026. La Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) y el Congreso Nacional firmaron un convenio que promete garantizar acceso gratuito al compendio de leyes aprobadas y publicadas en el diario oficial La Gaceta, medida presentada por las autoridades como un “hito histórico” para el fortalecimiento de la transparencia y el derecho ciudadano a la información pública.
El acuerdo fue suscrito por el gerente general de la ENAG, abogado Juan Manuel Gálvez, y el presidente del Congreso Nacional, abogado José Tomás Zambrano, quienes destacaron que las leyes y decretos estarán disponibles de manera digital a través del portal oficial de la institución.
Según lo informado, la plataforma de la ENAG actualizará gradualmente las ediciones de La Gaceta hasta completar el archivo disponible, permitiendo que los documentos puedan descargarse desde cualquier dispositivo y en cualquier parte del mundo.
Sin embargo, el anuncio también ha generado cuestionamientos sobre el verdadero alcance de la medida y el retraso histórico en garantizar un acceso público eficiente y completo a la legislación nacional.
Sectores críticos consideran que el acceso libre a las leyes no debería presentarse como un logro extraordinario, sino como una obligación básica del Estado, tomando en cuenta que durante años muchos ciudadanos, abogados, periodistas y organizaciones enfrentaron dificultades para consultar decretos y publicaciones oficiales.
Además, expertos señalan que el reto no solo consiste en digitalizar documentos, sino en asegurar que la información sea publicada de forma inmediata, íntegra y sin restricciones, especialmente en momentos donde varias decisiones legislativas han sido cuestionadas por supuesta falta de transparencia.
Analistas también advierten que la confianza ciudadana dependerá de que el portal mantenga actualizaciones constantes, acceso sin costos ocultos y mecanismos de búsqueda eficientes, evitando que la iniciativa quede únicamente como un anuncio político.
Aunque el convenio representa un avance hacia la modernización digital del acceso legal en Honduras, persisten interrogantes sobre por qué este tipo de herramientas no se implementaron años atrás y si realmente garantizarán una mayor fiscalización ciudadana sobre las decisiones del poder público.
