Tegucigalpa, Honduras – 18 de mayo de 2026. La Secretaría de Educación de Honduras emitió este lunes un comunicado oficial en el que reafirma el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del sistema educativo y la dignificación del magisterio nacional, detallando inversiones millonarias destinadas a planillas docentes y programas educativos comunitarios.
Según el documento, el Gobierno de la República atiende actualmente un impacto presupuestario de 3,880.3 millones de lempiras para cubrir el presupuesto adicional destinado a las planillas docentes durante el año 2026.
Asimismo, la institución informó que, a partir del presente mes de mayo, los docentes del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) recibirán su respectiva nivelación salarial, medida que representa una inversión superior a 380.6 millones de lempiras.
De igual manera, el comunicado señala que se realizará la nivelación de la gratificación para educadoras voluntarias de los Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB) y Centros de Educación Prebásica de Universalización (CEPB-U), con una inversión que supera los 102.3 millones de lempiras.
No obstante, el punto que más expectativa genera dentro del gremio magisterial es el relacionado con el incremento salarial para el resto de docentes del país. La Secretaría de Educación explicó que ya remitió a la Secretaría de Finanzas la solicitud del dictamen correspondiente al impacto presupuestario, indicando que el proceso requiere análisis técnicos, financieros y presupuestarios rigurosos para garantizar la sostenibilidad de los recursos estatales.
El anuncio surge en medio del creciente malestar de diversos sectores magisteriales, quienes en los últimos días han cuestionado los retrasos en la aplicación del aumento salarial prometido y han exigido acciones más concretas por parte de las autoridades.
Finalmente, la Secretaría de Educación reiteró su compromiso de continuar trabajando en la mejora progresiva de las condiciones laborales del magisterio hondureño, asegurando que las decisiones se tomarán bajo criterios de responsabilidad fiscal y sostenibilidad financiera del Estado.
