Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional aprobó por unanimidad reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal orientadas a fortalecer el combate contra la extorsión, las maras y otros grupos criminales que afectan a miles de hondureños.
Durante la sesión legislativa, las autoridades del Congreso destacaron que las modificaciones buscan brindar mayores herramientas legales a los operadores de justicia y cuerpos de seguridad para enfrentar este delito que golpea especialmente a transportistas, comerciantes, emprendedores y familias hondureñas.
El presidente del Legislativo señaló que por muchos años no existió voluntad política para combatir la extorsión y lamentó el desmantelamiento de estructuras especializadas que anteriormente enfrentaban este delito. Asimismo, subrayó que los diputados deben ponerse “en los zapatos de la gente afectada por las amenazas y la violencia”.
Entre las reformas aprobadas se incluye el aumento de penas para delitos vinculados a la extorsión y nuevas agravantes cuando se utilicen menores de edad, mujeres, servidores públicos o empleados del sistema financiero para cometer ilícitos. También se castigará a quienes faciliten cuentas bancarias, retiren dinero ilícito o participen en el movimiento de recursos provenientes de la extorsión.
Además, el Congreso estableció nuevas obligaciones para las empresas de telecomunicaciones, las cuales deberán mantener registros verificados de sus clientes y entregar información requerida por autoridades judiciales en un plazo máximo de 24 horas.
Las reformas también contemplan beneficios y atenuantes para personas que colaboren eficazmente con las autoridades para desarticular bandas criminales dedicadas a la extorsión.
Diputados de diferentes bancadas respaldaron las medidas, asegurando que representan un paso importante para fortalecer la seguridad ciudadana y enfrentar uno de los delitos que más temor genera en la población hondureña.
Sin embargo, desde la bancada de Libre se solicitaron revisiones artículo por artículo y se expresó preocupación sobre posibles interpretaciones políticas de las reformas, aunque desde la presidencia del Congreso se aclaró que el decreto no tiene fines ideológicos y únicamente busca combatir la criminalidad.
