Tegucigalpa, Honduras. 27 de mayo del 2026. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), logró rescatar sano y salvo a un joven mecánico que fue víctima de un secuestro virtual, mientras delincuentes exigían 100 mil lempiras a cambio de su supuesta liberación.
La operación policial se desarrolló en la aldea Cantagallo, municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán, donde agentes especializados localizaron a la víctima y la pusieron bajo resguardo inmediato tras una rápida intervención investigativa.
Según el informe oficial, el joven fue contactado por supuestos clientes interesados en contratar servicios de mecánica y posteriormente fue citado a una zona rural de Santa Lucía. Al llegar al lugar, comenzó a recibir llamadas intimidatorias de individuos que aseguraban pertenecer al “Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.
Los delincuentes le hicieron creer que había ingresado a una zona controlada por dicha estructura criminal y lo amenazaron indicándole que estaba siendo vigilado desde sectores boscosos, advirtiéndole que sería atacado si intentaba escapar o pedir ayuda.
De forma paralela, los antisociales contactaron a familiares de la víctima y al propietario del taller donde laboraba, afirmando que el joven se encontraba secuestrado y exigiendo el pago de 100 mil lempiras para liberarlo.
Tras recibir la denuncia, agentes de la UNAS activaron de inmediato los protocolos de investigación y aplicaron técnicas de inteligencia y rastreo que permitieron determinar que se trataba de un secuestro virtual.
Gracias a la rápida acción policial y a la oportuna denuncia de los familiares y empleadores, las autoridades evitaron que se realizara cualquier pago a los delincuentes.
Nueva modalidad criminal
Las investigaciones establecen que esta modalidad delictiva está siendo utilizada principalmente contra trabajadores que realizan servicios a domicilio o se desplazan hacia zonas alejadas.
Los criminales obtienen previamente información sobre las víctimas, incluyendo medio de transporte, vestimenta y ubicación, datos que luego utilizan para generar miedo y convencerlas de que están rodeadas por grupos armados.
Mientras mantienen bajo presión psicológica a las víctimas, los delincuentes contactan a familiares o empleadores para exigir fuertes sumas de dinero bajo el engaño de un supuesto secuestro.
La DPI informó que varios de estos individuos operarían desde el extranjero, específicamente desde México y Colombia, utilizando medios virtuales y cuentas bancarias para concretar las extorsiones.
Autoridades detallaron que, en lo que va del año, al menos tres casos similares han sido documentados en Honduras, evidenciando un patrón criminal enfocado en sembrar temor para obtener beneficios económicos ilícitos.
La institución policial exhortó a la ciudadanía a denunciar inmediatamente cualquier situación sospechosa relacionada con secuestros y recomendó no realizar depósitos ni transferencias sin antes verificar la información con las autoridades competentes.
La DPI reiteró que continuará combatiendo frontalmente las estructuras criminales dedicadas al secuestro y extorsión, garantizando la seguridad de la población hondureña.
