Tegucigalpa, Honduras – 10 de junio de 2026. El Congreso Nacional de Honduras aprobó este miércoles, por unanimidad, un amplio paquete de reformas a la Ley Contra la Violencia Doméstica (Decreto 137-97), con el objetivo de fortalecer la protección de las víctimas, endurecer las sanciones contra los agresores y reducir los índices de violencia que afectan principalmente a las mujeres en el país.
Las reformas representan uno de los cambios más significativos en materia de prevención y combate a la violencia doméstica en los últimos años, incorporando nuevas herramientas tecnológicas, restricciones legales y sanciones administrativas para quienes sean condenados por este delito.
Principales medidas aprobadas
Entre las reformas destaca la implementación de tobilleras o brazaletes electrónicos para agresores considerados de alto riesgo. Estos dispositivos permitirán la geolocalización permanente y activarán alertas en tiempo real cuando se incumplan órdenes de alejamiento dictadas por los tribunales.
Asimismo, las medidas de protección a favor de las víctimas podrán extenderse hasta por un año, con posibilidad de prórrogas de acuerdo con la evaluación judicial del riesgo existente.
El Congreso también aprobó la creación del Registro Nacional de Agresores Contra la Mujer, una base de datos que incluirá a personas condenadas por violencia doméstica y a quienes tengan medidas restrictivas vigentes. Este registro estará interconectado con las instituciones de seguridad y justicia del país.
Protección a las víctimas y sus familias
Las reformas fortalecen además la protección de la vivienda familiar. Los hijos menores de 21 años o que se encuentren cursando estudios universitarios podrán continuar residiendo en el inmueble familiar, evitando que el agresor pueda reclamar la propiedad en perjuicio de las víctimas.
Otro de los cambios aprobados establece que las personas condenadas mediante sentencia firme por violencia doméstica no podrán obtener licencia de conducir durante un período de dos años.
Restricciones más severas para los agresores
Dentro del nuevo marco legal se contempla la inhabilitación permanente para adquirir, comprar, registrar, poseer o portar armas de fuego. Además, serán cancelados los permisos de armas previamente otorgados a quienes resulten condenados.
Las reformas también incluyen restricciones para ocupar cargos públicos. Las personas condenadas por violencia doméstica no podrán ser contratadas, nombradas ni mantenerse en funciones dentro de la administración pública durante cinco años posteriores a la sentencia firme.
De igual forma, cualquier servidor público que sea condenado por este delito deberá ser separado de su cargo de manera inmediata.
Limitaciones patrimoniales y combate a la impunidad
El paquete de reformas incorpora limitaciones para transferir o disponer de bienes en determinadas circunstancias, con el propósito de garantizar la protección económica de las víctimas y sus familias.
Según los legisladores, el objetivo principal es combatir la impunidad, fortalecer la protección integral de las víctimas y establecer consecuencias sociales, civiles y administrativas más rigurosas para los agresores.
Diversos sectores han calificado estas medidas como un paso histórico en la defensa de los derechos de las mujeres, al considerar que las nuevas disposiciones generan un impacto significativo sobre quienes cometan actos de violencia doméstica.
Con esta aprobación, Honduras da un paso importante hacia la construcción de una sociedad más segura, justa y libre de violencia, reforzando el compromiso del Estado con la protección de las víctimas y la prevención de la violencia contra las mujeres.
