Tegucigalpa, Honduras. 11 de junio de 2026. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) solicitó al Congreso Nacional ampliar el alcance de la iniciativa que busca imponer cárcel de por vida a quienes asesinen a fiscales, policías o jueces, con el objetivo de incluir también a periodistas y defensores de derechos humanos.
La propuesta fue planteada por el presidente del CODEH, Hugo Maldonado, en su cuenta de “X” quien consideró que el proyecto de decreto y la eventual reforma constitucional deben incorporar a estos sectores debido al alto nivel de riesgo y vulnerabilidad que enfrentan en el ejercicio de sus funciones.
“Sugerimos a la comisión de dictamen del Congreso Nacional que dictamina el decreto de cárcel de por vida a quienes den muerte a un fiscal, policía o juez, agregarle periodistas y defensores de derechos humanos para hacer incluyente el decreto, así también la reforma constitucional”, expresó Maldonado.
La petición surge en medio del debate nacional sobre el fortalecimiento de las penas contra delitos que afectan a operadores de justicia y funcionarios vinculados al combate del crimen organizado, la corrupción y otras estructuras delictivas.
Preocupación por la violencia
El dirigente de derechos humanos señaló que los periodistas y defensores de derechos humanos desempeñan un papel fundamental en la protección de las libertades públicas, la denuncia de abusos y la vigilancia de las instituciones democráticas, por lo que también se convierten en objetivos de amenazas, persecuciones y ataques.
Diversos organismos nacionales e internacionales han advertido durante los últimos años sobre los riesgos que enfrentan comunicadores sociales y activistas en Honduras, especialmente aquellos que investigan temas relacionados con corrupción, narcotráfico, conflictos de tierras, medio ambiente y derechos humanos.
Contexto nacional
La propuesta del CODEH se conoce en un contexto donde Honduras continúa enfrentando desafíos en materia de seguridad ciudadana y protección de sectores vulnerables. Aunque las cifras oficiales reflejan una reducción gradual en los índices de homicidios en comparación con años anteriores, organizaciones de derechos humanos sostienen que persisten preocupaciones relacionadas con la impunidad y los ataques contra personas que ejercen labores de denuncia social.
De acuerdo con informes de organismos especializados, periodistas, operadores de justicia, abogados y defensores de derechos humanos figuran entre los grupos que históricamente han denunciado amenazas vinculadas a su trabajo.
Llamado al Congreso Nacional
El CODEH instó a los diputados integrantes de la comisión encargada de dictaminar la iniciativa a considerar la inclusión de estos sectores dentro del marco legal que se discute actualmente, argumentando que la protección del Estado debe extenderse a todas las personas cuya labor contribuya al fortalecimiento de la democracia, la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales.
La organización considera que una legislación más amplia enviaría un mensaje de respaldo institucional a quienes desempeñan funciones de alto riesgo en defensa de la justicia, la libertad de expresión y los derechos humanos.
Hasta el momento, el Congreso Nacional no se ha pronunciado sobre la propuesta planteada por el CODEH ni sobre la posibilidad de ampliar los alcances del proyecto de reforma.
Nota en desarrollo.
