Tegucigalpa, Honduras. El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña Panting, aseguró este martes ante el pleno del Congreso Nacional que las reformas al subsector eléctrico impulsadas por el Gobierno del presidente Nasry Asfura no contemplan la privatización de las centrales hidroeléctricas ni de ningún activo estratégico perteneciente a la estatal eléctrica.
Durante la discusión en primer debate del dictamen de reformas al subsector energético, el funcionario explicó que la iniciativa incorpora mecanismos legales destinados a fortalecer la protección de las hidroeléctricas nacionales, garantizando que continúen siendo patrimonio exclusivo del Estado hondureño.
Peña Panting enfatizó ante los diputados que la propuesta establece una protección jurídica sin precedentes para los bienes vinculados a la generación hidroeléctrica.
“Los predios, embalses, franjas de protección, instalaciones y zona de influencia de las centrales hidroeléctricas propiedad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se declaran bienes de dominio público, inembargables, intransferibles, inalienables, de seguridad nacional y de interés social”, manifestó el gerente de la ENEE.
Según explicó, esta disposición busca responder de manera directa a las inquietudes surgidas en distintos sectores de la sociedad respecto al alcance de la reforma energética y despejar cualquier duda sobre una eventual privatización de los recursos estratégicos del país.
“Ahí está la llave que ustedes estaban esperando. Espero que con este proyecto nos acompañen todas las bancadas, porque eso es un problema nacional”, expresó durante su intervención en el Congreso Nacional.
Protección del patrimonio energético
La propuesta legislativa establece que las centrales hidroeléctricas, embalses, zonas de influencia, instalaciones técnicas y demás bienes asociados a la generación de energía eléctrica permanecerán bajo la administración, propiedad y control del Estado hondureño.
Además, la reforma les otorga una categoría especial de protección al considerarlos bienes de interés nacional y de seguridad estratégica para el desarrollo económico y social del país.
Autoridades del sector energético sostienen que esta medida permitirá brindar mayor certeza jurídica sobre el futuro de las principales instalaciones hidroeléctricas de Honduras, garantizando su conservación y operación en beneficio de la población.
Modernización sin privatización
El Gobierno del presidente Nasry Asfura ha reiterado que el propósito central de la reforma es rescatar financieramente a la ENEE, fortalecer su capacidad operativa y mejorar la calidad del servicio eléctrico a nivel nacional.
Entre los objetivos de la iniciativa destacan:
- Fortalecer la sostenibilidad financiera de la ENEE.
- Reducir pérdidas técnicas y no técnicas en el sistema eléctrico.
- Modernizar los procesos de generación, transmisión y distribución.
- Mejorar la calidad y continuidad del servicio para los usuarios.
- Promover nuevas inversiones en infraestructura energética.
- Garantizar la transparencia y eficiencia administrativa.
Las autoridades han insistido en que la modernización de la empresa estatal no implica la venta ni la privatización de los activos estratégicos del sector energético.
Un tema de interés nacional
Durante el debate legislativo, varios diputados expresaron interés en conocer los alcances de las reformas y las garantías que ofrece el proyecto para preservar el patrimonio energético nacional.
En ese contexto, Peña Panting sostuvo que el fortalecimiento de la ENEE constituye un desafío que trasciende posiciones políticas y requiere el respaldo de todos los sectores del país.
La discusión de las reformas continuará en el Congreso Nacional durante las próximas sesiones, donde se analizarán los distintos artículos del dictamen antes de su eventual aprobación definitiva.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene su postura de impulsar una transformación integral del sistema eléctrico hondureño, orientada a garantizar energía más confiable, eficiente y sostenible para los hogares, empresas e instituciones públicas del país, preservando en todo momento la propiedad estatal de las centrales hidroeléctricas y demás activos estratégicos de la ENEE.
