Tegucigalpa, Honduras. 18 de junio del 2026. El asesor presidencial Marvin Ponce afirmó que el principal problema que enfrenta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no radica en su estructura institucional, sino en el elevado nivel de pérdidas provocadas por el hurto de energía, una situación que, según señaló, representa un impacto económico de entre 17 mil y 20 mil millones de lempiras anuales para el Estado hondureño.
Durante declaraciones públicas, Ponce aseguró que el robo de energía eléctrica se ha convertido en uno de los mayores desafíos para las finanzas nacionales, al punto de generar pérdidas estimadas en más de 42 millones de lempiras diarios y cerca de 1,300 millones de lempiras mensuales.
“El problema no es que la energía se pierda por causas naturales; el problema es que se la están robando. Hay participación de grandes empresas, maquilas, ferreterías, fábricas, pequeños y medianos empresarios, comunidades e incluso estructuras del crimen organizado que comercializan energía sustraída ilegalmente del sistema”, manifestó.
Según explicó, algunas organizaciones utilizan técnicas sofisticadas para evadir los controles de la estatal eléctrica, incluyendo la manipulación y clonación de contadores, conexiones directas a las redes de distribución y el uso de personal con conocimientos técnicos especializados.
Reforma busca transformar la ENEE
Ponce defendió las reformas al subsector eléctrico impulsadas por el Gobierno del presidente Nasry Asfura, argumentando que el objetivo principal es rescatar financieramente a la ENEE y fortalecer la capacidad del Estado para combatir las pérdidas energéticas.
La iniciativa contempla la creación de tres empresas especializadas bajo una estructura corporativa encabezada por la ENEE: una empresa de generación, una de transmisión y una de distribución.
De acuerdo con el asesor presidencial, la mayor problemática se concentra actualmente en el área de distribución, donde se registran las mayores pérdidas económicas derivadas de conexiones ilegales y fraudes al sistema.
“Es necesario diferenciar claramente cada uno de los negocios vinculados al sector energético para poder identificar responsabilidades, mejorar la eficiencia y atacar el problema de fondo”, señaló.
Impacto en la inversión social
Ponce advirtió que las pérdidas provocadas por el hurto de energía terminan siendo cubiertas por el presupuesto general de la República, reduciendo la capacidad del Estado para invertir en áreas prioritarias como salud, educación, agricultura e infraestructura.
“Ese dinero que se pierde por el robo de energía es dinero que deja de invertirse en hospitales, medicamentos, programas agrícolas y políticas sociales para la población hondureña”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que el país necesita una política de Estado orientada a reducir de forma permanente las pérdidas energéticas y garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa estatal.
Rechaza acusaciones de privatización
El asesor presidencial también rechazó las versiones que señalan que la reforma energética busca privatizar la ENEE o los activos estratégicos del Estado.
Según indicó, la propuesta pretende fortalecer la empresa pública y modernizar su funcionamiento, manteniendo bajo control estatal la infraestructura energética nacional.
“Lo que se busca es transformar la ENEE para enfrentar el problema de fondo. No existe ningún proceso de privatización. Lo que se pretende es salvar una empresa pública que durante años ha enfrentado pérdidas millonarias”, expresó.
Llamado al consenso nacional
Ponce hizo un llamado a los distintos sectores políticos y sociales para construir consensos alrededor de la reforma energética, argumentando que la crisis financiera de la ENEE requiere decisiones de largo plazo que trasciendan las diferencias partidarias.
Finalmente, advirtió que si el país no adopta medidas contundentes para reducir el hurto de energía y modernizar el sistema eléctrico, Honduras continuará enfrentando elevados costos operativos que limitan la capacidad de inversión pública y afectan la competitividad económica nacional.
“Si no actuamos ahora, seguiremos financiando el robo de energía y manteniendo un sistema cada vez más costoso para los hondureños”, concluyó.
