Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), a través de la Sección de Muertes de Personas Pertenecientes a Grupos Sociales Vulnerables, logró una condena de 56 años y cuatro meses de prisión para cada uno de los cuatro responsables del asesinato del periodista Edwin Josué Andino Canaca y su padre, Edwin Emilio Andino Amador, crimen ocurrido el 10 de octubre de 2022 en la colonia Villafranca de la capital.
La sentencia fue dictada durante la audiencia de lectura de fallo contra Alex Geovany Rodríguez Alvarado, Josué Daniel Moradel Moreno y los hermanos Cristian Josué y Oscar Ariel Girón Salmerón, quienes fueron declarados culpables por los delitos de asesinato, allanamiento de domicilio agravado y robo con violencia.
De acuerdo con las investigaciones presentadas por el Ministerio Público, los ahora condenados llegaron entre las 5:00 y 5:30 de la mañana a la colonia Villafranca portando armas de fuego, chalecos antibalas, pasamontañas e indumentaria similar a la utilizada por agentes de la Policía Nacional.
Las diligencias establecieron que los individuos ingresaron de manera violenta a la vivienda donde se encontraban las víctimas. Durante el ataque, el periodista Edwin Josué Andino Canaca intentó escapar del inmueble; sin embargo, fue alcanzado y atacado a disparos a pocos metros del lugar.
Posteriormente, los responsables trasladaron a su padre, Edwin Emilio Andino Amador, en un vehículo tipo turismo hacia la entrada de la colonia Rafael Leonardo Callejas. En ese sector le dispararon en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte. El vehículo utilizado fue abandonado en la escena del crimen.
Además de los asesinatos, el tribunal encontró culpables a los acusados por el delito de allanamiento de domicilio agravado en perjuicio de ambas víctimas y por robo con violencia en perjuicio del periodista Edwin Josué Andino Canaca.
La Fiscalía destacó que la sentencia representa un avance importante en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familiares, reafirmando el compromiso de los operadores de justicia de combatir la impunidad en los delitos contra la vida y en los crímenes cometidos contra periodistas y comunicadores sociales.
Con esta resolución judicial, las autoridades consideran acreditada la responsabilidad penal de los cuatro condenados, quienes deberán cumplir la pena impuesta por el tribunal competente.
