Tegucigalpa, Honduras, 26 de junio de 2026.– La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad otorgar un recurso de amparo penal a favor de Marco Antonio Vallecillo Banegas, dentro del proceso judicial que enfrenta por la presunta comisión del delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido.
Según la resolución, la acción constitucional fue promovida por la defensa del imputado contra la sentencia emitida el 8 de octubre de 2024 por la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, la cual había confirmado el auto de formal procesamiento y la medida de prisión preventiva dictados previamente por un Juzgado de Letras Penal.
La Sala de lo Constitucional determinó que el Tribunal de Alzada incurrió en vulneraciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva al no realizar un análisis suficiente sobre la procedencia del antejuicio, garantía procesal de rango constitucional que protege a jueces y magistrados frente a procesos penales derivados del ejercicio de sus funciones.
Asimismo, el máximo órgano constitucional señaló que la Corte de Apelaciones omitió pronunciarse sobre el agravio relacionado con el ofrecimiento de una caución económica como medida sustitutiva de la prisión preventiva, lo que, según el fallo, afectó el derecho a la libertad personal y la debida tutela judicial.
Como consecuencia, la Sala de lo Constitucional ordenó a la Corte de Apelaciones emitir una nueva resolución debidamente motivada y conforme a los parámetros constitucionales establecidos en la sentencia, sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo del proceso penal ni sobre la responsabilidad del imputado.
La decisión representa una revisión de aspectos procesales del caso y dispone que el tribunal correspondiente vuelva a analizar los recursos presentados, respetando las garantías constitucionales señaladas por la Corte Suprema de Justicia.
