Tegucigalpa, Honduras | 29 de julio de 2026. El Juzgado de Letras Penal recibió este miércoles un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández Aguilar, a quien se le imputan los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales.
De acuerdo con la información oficial, la acción penal fue promovida en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López, así como de la libertad de prensa y de expresión, derechos protegidos por la Constitución de la República y diversos instrumentos internacionales.
Solicitan citar al imputado
Como parte del requerimiento fiscal, el Ministerio Público solicitó al órgano jurisdiccional que el exfuncionario militar sea citado en legal y debida forma para comparecer a la Audiencia de Declaración de Imputado, etapa inicial del proceso penal en la que el juez informa al acusado sobre los hechos que se le atribuyen y las partes exponen sus planteamientos preliminares.
Será el Juzgado de Letras Penal el encargado de señalar la fecha y hora para la realización de dicha audiencia, una vez se cumplan los procedimientos de notificación establecidos por la ley.
Delitos señalados
El requerimiento fiscal atribuye a Hernández Aguilar la presunta comisión de los delitos de:
- Incitación a la discriminación.
- Limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales.
La acusación está relacionada con hechos que, según el Ministerio Público, habrían afectado el ejercicio de la labor periodística y el derecho a la libertad de expresión de los comunicadores mencionados.
Protección a la libertad de prensa
La libertad de prensa y de expresión constituye un derecho fundamental reconocido por la Constitución hondureña y por tratados internacionales suscritos por el Estado de Honduras, los cuales garantizan el libre ejercicio del periodismo y el acceso de la ciudadanía a la información.
En ese contexto, el Ministerio Público sostiene que los hechos denunciados ameritan una investigación penal y la intervención de los tribunales competentes para determinar si existió responsabilidad conforme a la legislación vigente.
Proceso judicial
Con la admisión del requerimiento fiscal inicia formalmente la etapa judicial del caso. Durante el desarrollo del proceso, el exjefe militar tendrá derecho a conocer los cargos que se le imputan, presentar pruebas y ejercer su defensa conforme a las garantías del debido proceso.
Será el juez competente quien, tras la Audiencia de Declaración de Imputado y las etapas posteriores del procedimiento, determine las medidas procesales correspondientes y resuelva sobre la continuidad de la causa penal, de acuerdo con las pruebas presentadas por las partes.
