Tegucigalpa, Honduras. El abogado y excandidato presidencial del Partido VAMOS, José Coto, consideró que la situación judicial que enfrenta un exgeneral de las Fuerzas Armadas no responde a una persecución política, sino a las consecuencias de sus propias actuaciones durante el ejercicio de sus funciones.
En sus declaraciones, Coto rechazó los señalamientos realizados por el expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien ha sostenido que existe persecución política en torno al caso. A juicio del abogado, las investigaciones y procesos judiciales deben analizarse con base en los hechos y no desde una perspectiva política.
El dirigente sostuvo que quienes ocupan cargos de alta responsabilidad deben actuar con prudencia, escuchar diferentes opiniones y ejercer el poder con humildad. Según expresó, la falta de apertura al diálogo puede derivar en decisiones equivocadas que posteriormente generan consecuencias legales.
Asimismo, indicó que en su momento ofrecieron apoyo al entonces alto mando militar, pero aseguró que sus recomendaciones no fueron atendidas, situación que, según dijo, contribuyó al escenario actual.
Coto manifestó que el exgeneral debe comparecer ante la justicia y ejercer su derecho a la defensa para desvirtuar los cargos que se le imputan, si considera que es inocente.
“Como exgeneral de las Fuerzas Armadas debe enfrentar la justicia con honor y demostrar su inocencia dentro del debido proceso“, expresó.
El abogado también señaló que este caso puede convertirse en un precedente para fortalecer la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y de quienes han ejercido cargos de poder.
Además, afirmó que existe interés de distintos sectores internacionales en el desarrollo de estos procesos, al considerar que Honduras enfrenta un momento importante en materia de combate a la impunidad y fortalecimiento del Estado de derecho.
Finalmente, José Coto expresó que la población hondureña espera que la aplicación de la ley alcance a todos los responsables de actos ilícitos, independientemente del cargo que hayan ocupado, y reiteró que la justicia debe aplicarse de manera imparcial, respetando siempre el debido proceso y las garantías constitucionales de todas las personas involucradas.
