Tegucigalpa, Honduras. El abogado Juan Carlos Aguilar, representante de la Sociedad Civil Hondureña Organizada, integrada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señaló que la audiencia inicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández será una etapa clave del proceso judicial, ya que permitirá al juez evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público y determinar si el caso avanza hacia juicio o si procede otra resolución contemplada en la legislación hondureña.
Aguilar explicó que durante esta etapa procesal la defensa tendrá acceso formal a los hechos contenidos en el requerimiento fiscal y podrá ejercer plenamente su derecho de contradicción frente a las acusaciones formuladas por el ente acusador.
Asimismo, indicó que uno de los aspectos que deberá resolver el juez será si concede al exmandatario medidas cautelares distintas a la prisión preventiva o si mantiene una medida privativa de libertad mientras continúa el proceso.
Posibilidad de medidas cautelares
El jurista manifestó que, con base en el comportamiento observado en procesos similares, existe una alta probabilidad de que la defensa solicite medidas sustitutivas, argumentando el arraigo del imputado y otros elementos que respalden dicha petición.
No obstante, aclaró que también existe la posibilidad legal de que el juez rechace esa solicitud si considera que existen razones suficientes para mantener una medida más restrictiva.
“Lo más probable es que sí se otorguen medidas distintas a la prisión preventiva por el comportamiento que hemos visto en este tipo de casos y porque el expresidente probablemente demostrará arraigo. Sin embargo, siempre existe el escenario de que no sean concedidas”, expresó.
Un reto para la justicia hondureña
Aguilar sostuvo que el proceso representa un importante desafío para el sistema judicial hondureño debido a la relevancia política y pública del expresidente Hernández.
A su juicio, los operadores de justicia deberán garantizar que todas las decisiones se adopten exclusivamente con base en el derecho y las pruebas aportadas durante el proceso.
“Es un verdadero reto para la justicia hondureña”, afirmó, al señalar que la independencia judicial será determinante para fortalecer la credibilidad institucional.
Tres posibles escenarios
El representante de la ASJ explicó que, conforme al Código Procesal Penal, durante la audiencia inicial el Ministerio Público deberá presentar indicios suficientes que permitan al juez considerar la existencia de elementos para continuar el proceso penal.
En ese sentido, recordó que el juez puede adoptar tres decisiones principales:
- Auto de formal procesamiento, que permitiría que el caso continúe hacia la etapa intermedia y posteriormente a un juicio oral y público.
- Sobreseimiento provisional, mediante el cual el proceso se suspende temporalmente, aunque el Ministerio Público conserva la posibilidad de reabrir el caso dentro del plazo que establece la ley si obtiene nuevas pruebas.
- Sobreseimiento definitivo, que pondría fin al proceso penal respecto de los hechos investigados.
Ministerio Público también enfrenta un desafío
Aguilar consideró que el Ministerio Público también tiene la responsabilidad de sostener jurídicamente el requerimiento fiscal presentado contra el exmandatario.
Indicó que el éxito del caso dependerá de la fortaleza de los elementos probatorios que sean expuestos durante la audiencia y de la capacidad de demostrar la existencia de indicios suficientes para continuar el proceso.
Finalmente, hizo un llamado para que la resolución judicial esté fundamentada exclusivamente en criterios legales y no en factores externos.
“Esperemos que sea una resolución basada estrictamente en derecho y que no existan aspectos políticos de por medio. También será un reto importante para el Ministerio Público sostener el requerimiento fiscal presentado”, concluyó.
