Tegucigalpa, Honduras. — El expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, salió al paso de las recientes publicaciones relacionadas con proyectos y ayudas sociales gestionados durante el período legislativo 2022-2026, y sostuvo que la información sobre este mecanismo ya había sido divulgada públicamente desde 2025.
Según el comunicado atribuido a Redondo y a la bancada Libre del período 2022-2026, el entonces titular del Poder Legislativo explicó desde julio de 2025 el funcionamiento de estas gestiones y señaló que diputados de distintas bancadas habían solicitado proyectos para comunidades y sectores de la población.
Redondo cuestiona que se presente como información nueva
El exjefe del Congreso Nacional afirmó que los datos que actualmente vuelven a circular “no son nuevos” y que tampoco estuvieron ocultos, debido a que habían sido expuestos públicamente durante su gestión al frente del Legislativo.
El documento también hace referencia a publicaciones realizadas en 2025 y a documentación difundida por el propio Redondo en su cuenta de X, relacionada con solicitudes efectuadas por congresistas. Asimismo, señala que se informó sobre gestiones correspondientes a 220 diputados de diferentes bancadas políticas.
“Gestionar un proyecto no significa manejar directamente los fondos”
Uno de los principales argumentos planteados por Redondo es la diferencia entre gestionar una solicitud de proyecto y administrar o ejecutar directamente los recursos públicos.
El comunicado sostiene que los diputados podían gestionar proyectos destinados a comunidades, municipios o sectores de la población, pero que la administración y ejecución correspondían a las instituciones públicas competentes.
El documento cita disposiciones presupuestarias de 2023, 2024 y 2025, según las cuales instituciones como FHIS, SIT, SEDESOL, SGJD, EDUCRÉDITO, CONDEPOR y otras entidades eran las encargadas de ejecutar los recursos.
Para el período presupuestario de 2025, el comunicado destaca que la normativa identificaba expresamente a las instituciones ejecutoras como responsables de ejecutar, dar seguimiento y liquidar los fondos.
Piden diferenciar solicitudes de dinero efectivamente ejecutado
Otro punto central de la posición de Redondo es que el monto de las solicitudes gestionadas no necesariamente representa dinero desembolsado.
El documento plantea que antes de determinar cuánto dinero fue efectivamente utilizado deben establecerse los montos solicitados, aprobados, incorporados, comprometidos, devengados, pagados y liquidados, además de identificar la institución responsable de la ejecución.
En ese sentido, señala que una solicitud podía no concretarse total o parcialmente por falta de disponibilidad presupuestaria, falta de aprobación o incumplimiento de los procedimientos administrativos correspondientes.
Redondo reclama pruebas individualizadas
El expresidente del Congreso también cuestiona que se atribuyan posibles irregularidades de manera general a los legisladores.
Según el documento, si se sostiene que un diputado determinado utilizó recursos públicos de manera irregular, deberían identificarse la conducta, la prueba, el monto, la institución involucrada, el mecanismo utilizado y el nexo causal.
La posición expresada es que una hipótesis de investigación no debe presentarse como un hecho probado y que cualquier eventual responsabilidad debe establecerse mediante documentación y pruebas concretas.
También pide fiscalizar los fondos recibidos por organizaciones
Redondo plantea además que las organizaciones que fiscalizan el uso de recursos públicos también deben estar sujetas a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
El comunicado cuestiona particularmente los recursos de cooperación internacional recibidos por organizaciones no gubernamentales y plantea preguntas sobre su origen, destino, desembolso, ejecución, liquidación y auditoría.
El documento señala que ASJ-Honduras habría reconocido recibir aproximadamente 2 millones de dólares anuales en ayuda exterior del Gobierno de Estados Unidos, y plantea la necesidad de conocer el monto acumulado, los proyectos financiados, los recursos efectivamente desembolsados y ejecutados y la forma en que fueron auditados.
No obstante, el propio comunicado aclara que estas preguntas no constituyen una acusación de corrupción contra ASJ, ni establecen una relación entre la organización y otros casos investigados en Estados Unidos.
El llamado de Redondo: “quien fiscaliza también debe poder ser fiscalizado”
La postura del expresidente del Congreso Nacional concluye con un llamado a aplicar el mismo estándar de transparencia a todos los actores que administran, ejecutan o reciben recursos.
El documento plantea que, si existen posibles irregularidades, estas deben ser investigadas y determinadas mediante las instituciones competentes, estableciendo con precisión cuánto dinero fue aprobado, incorporado, ejecutado, pagado y liquidado.
La bancada Libre del período 2022-2026 cerró el comunicado con el planteamiento de que “quien fiscaliza también debe poder ser fiscalizado”, defendiendo la necesidad de aplicar criterios de transparencia de manera uniforme.
En contexto: La controversia gira en torno a la diferencia entre gestionar proyectos sociales desde el Congreso Nacional y ejecutar directamente los recursos públicos, así como a la necesidad de establecer mediante registros oficiales cuáles fueron los fondos realmente aprobados y desembolsados.
