Tegucigalpa, Honduras | Lunes 21 de septiembre de 2026. — La Procuraduría General de la República (PGR) informó este lunes que presentó formalmente ante el Ministerio Público una denuncia penal contra Jorge Constantino Colindres Castillo y Alberto A. Hernández Franks, por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria y usurpación de funciones públicas, en perjuicio del Estado de Honduras.
La acción legal se produce después de que Hernández Franks fuera juramentado el pasado 15 de septiembre como “Fiscal Civil” de ZEDE Próspera, según información divulgada por la propia organización. La PGR sostiene que dicho nombramiento y las funciones atribuidas al cargo carecen de validez jurídica a partir de la sentencia que declaró inconstitucional el marco legal de las ZEDE.
¿Cuál es el fundamento de la denuncia?
De acuerdo con el comunicado oficial de la PGR proporcionado en el documento, la institución fundamenta su actuación en la sentencia emitida el 20 de septiembre de 2024 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, correspondiente al expediente SCO-0738-2021, resolución que posteriormente fue publicada en La Gaceta No. 36,698, del 25 de noviembre de 2024.
Según la Procuraduría, dicha sentencia declaró la inconstitucionalidad, con efecto ex tunc, es decir, desde el origen, de la reforma constitucional y de la legislación que sustentaron las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), así como del decreto mediante el cual fue creado el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP).
La PGR sostiene que, como consecuencia de ese fallo, los nombramientos emitidos por el CAMP y las actuaciones derivadas de ellos —incluidos los cargos denominados “secretario técnico de ZEDE Próspera” y “Fiscal Civil”— no tendrían validez jurídica.
La juramentación que originó la nueva acción
Según la denuncia, Jorge Constantino Colindres Castillo habría continuado presentándose como autoridad de una denominada “jurisdicción especial” y el 15 de septiembre habría juramentado a Hernández Franks como “Fiscal Civil” de Próspera.
La Procuraduría cuestiona específicamente que a dicho cargo se le hayan atribuido facultades de naturaleza jurisdiccional, de cobro forzoso de tributos y de resguardo del orden público, funciones que, de acuerdo con la posición jurídica expresada por la institución, corresponden a los poderes e instituciones del Estado.
La propia Próspera había informado que Hernández Franks asumiría responsabilidades relacionadas con asuntos civiles y administrativos, incluyendo la aplicación de normas, estatutos y regulaciones de esa estructura.
¿Qué solicitó la PGR al Ministerio Público?
En la denuncia, la Procuraduría solicitó al Ministerio Público:
- Iniciar de inmediato la investigación penal correspondiente.
- Ordenar la preservación urgente de la evidencia relacionada con los hechos denunciados.
- Recabar documentación e informes de instituciones del Estado y entidades vinculadas con ZEDE Próspera.
- Tomar las declaraciones que correspondan.
- Dar seguimiento a las diligencias necesarias para determinar las eventuales responsabilidades.
La PGR también dejó constancia de que se reserva el derecho de constituirse como acusador en representación de los intereses del Estado de Honduras si el caso avanza a una etapa judicial.
Un conflicto que continúa en el ámbito jurídico
La nueva denuncia se suma a la controversia existente entre el Estado hondureño y ZEDE Próspera sobre la situación jurídica de esta estructura ubicada en Roatán.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, había señalado recientemente que el fallo de la Corte debe ser respetado y cuestionó el nombramiento de un “Fiscal Civil” por parte de Próspera.
Por su parte, la organización Próspera ha continuado comunicando públicamente sus actuaciones y el funcionamiento de sus estructuras internas, incluyendo el nombramiento de Hernández Franks.
De esta manera, el caso entra ahora en una nueva etapa con la presentación formal de la denuncia ante el Ministerio Público. La denuncia constituye una acusación que deberá ser investigada y no determina por sí misma responsabilidad penal; corresponderá a las autoridades competentes analizar las pruebas y establecer si existen elementos suficientes para ejercer la acción penal.
PGR: defensa del orden constitucional
En su comunicado, la Procuraduría reafirmó que su actuación busca defender la soberanía nacional, el orden constitucional y el Estado de derecho. La institución sostuvo además que ninguna estructura privada puede atribuirse funciones de autoridad pública dentro del territorio hondureño.
El Ministerio Público deberá determinar ahora las diligencias correspondientes y, con base en la evidencia que se recopile, establecer los pasos procesales que correspondan.
