Tegucigalpa, Honduras | Miércoles 23 de septiembre de 2026. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que el Poder Legislativo prevé impulsar nuevas medidas en materia de seguridad, entre ellas una revisión de la actuación de los operadores de justicia, después de la aprobación de reformas al régimen penitenciario para personas vinculadas, según la legislación aprobada, con organizaciones declaradas terroristas.
Zambrano señaló que la estrategia de seguridad debe abarcar todos los eslabones del sistema de prevención, investigación, persecución y juzgamiento del delito. En declaraciones difundidas este miércoles, afirmó que también debe trabajarse en la “depuración de los operadores de justicia”, planteando revisar si existen funcionarios vinculados con actuaciones al margen de la ley.
REFORMAS AL SISTEMA PENITENCIARIO
El planteamiento ocurre un día después de que el Congreso Nacional aprobara por unanimidad reformas relacionadas con el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y el régimen aplicable a personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad o identificadas como integrantes de organizaciones declaradas terroristas.
Entre las medidas aprobadas figuran el aislamiento individual en celdas de máxima seguridad, restricciones a dispositivos electrónicos y medios de comunicación, controles sobre las visitas y limitaciones para las llamadas telefónicas. También se contempla restringir la convivencia colectiva y regular el acceso al patio o a espacios para tomar el sol.
El paquete legislativo también establece modificaciones relacionadas con la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público y el INP, incluyendo mecanismos de coordinación para la clasificación y manejo de privados de libertad considerados de alta peligrosidad.
NUEVAS REFORMAS EN MATERIA PENAL
Zambrano adelantó además que el Congreso analiza nuevas reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, cuyo contenido deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente y contar con las opiniones institucionales que establece el ordenamiento jurídico.
El presidente del Legislativo también indicó que el Congreso dará seguimiento a la actuación de los operadores de justicia mediante solicitudes de información y mecanismos de supervisión.
DEBATE SOBRE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
Uno de los principales puntos de discusión alrededor de las nuevas medidas es el equilibrio entre seguridad pública, derechos de las personas privadas de libertad y garantías del debido proceso.
Zambrano sostuvo que quienes consideren que las reformas vulneran derechos cuentan con mecanismos legales para impugnarlas, incluyendo recursos ante la Corte Suprema de Justicia. Sus declaraciones abren así un debate sobre el alcance de las restricciones penitenciarias y los controles que deben acompañar su aplicación.
Desde una perspectiva jurídica, la implementación de estas disposiciones deberá ajustarse a la Constitución, las leyes vigentes y las obligaciones internacionales de Honduras en materia de derechos humanos. La discusión no se limita a la severidad de las medidas, sino también a cómo se determinará quién queda sometido al régimen especial, qué controles judiciales existirán y cuáles serán los mecanismos para revisar las decisiones.
REUBICACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD
El titular del Congreso también informó sobre un proceso de reubicación de privados de libertad entre diferentes centros penitenciarios con el propósito de reorganizar los espacios disponibles.
Según lo señalado por Zambrano, este proceso permitiría habilitar aproximadamente 950 espacios para personas consideradas de alta peligrosidad. Asimismo, recordó que reformas anteriores contemplan la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, cuyos espacios y características deberán definirse dentro de la planificación de seguridad correspondiente.
ANÁLISIS PERIODÍSTICO
Las declaraciones de Zambrano muestran que el debate legislativo sobre seguridad no se limita al control de los centros penitenciarios. El planteamiento apunta hacia una estrategia más amplia que incluye reformas penales, reorganización carcelaria, coordinación entre instituciones y evaluación del desempeño de los operadores de justicia.
El punto que probablemente generará mayor discusión será la denominada “depuración” anunciada por el presidente del Congreso. Para que ese proceso pueda diferenciarse de una decisión política o administrativa arbitraria, su aplicación tendría que sustentarse en procedimientos previamente establecidos, investigaciones concretas y las garantías correspondientes para los funcionarios involucrados.
En paralelo, las nuevas restricciones penitenciarias plantean otro desafío: cómo fortalecer el control sobre las estructuras criminales sin eliminar las garantías judiciales y los mecanismos de supervisión que corresponden a un Estado de derecho. Las respuestas a esas dos cuestiones serán determinantes para evaluar la aplicación práctica de las reformas aprobadas.
