San Pedro Sula, Honduras | Viernes 25 de septiembre de 2026. Un tribunal de sentencia declaró culpables por unanimidad a cinco exagentes de la extinta Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), tras concluir el juicio oral y público relacionado con el caso de una testigo protegida.

Los condenados son Osmín Orellana Paz, Lester Nahún Uclés Andino, Andy José Pérez Zelaya, Dilmer Stiven Fúnez Espinoza y Enrry Michael Cárcamo Molina, quienes fueron encontrados responsables de los delitos de secuestro agravado y otras agresiones sexuales.

⚖️ FALLO UNÁNIME

La decisión fue emitida por la Sala I del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, luego de valorar las pruebas presentadas durante el proceso por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).

De acuerdo con lo establecido durante el juicio, los hechos ocurrieron en febrero de 2024, en la residencial Santa Mónica de San Pedro Sula.

Según la acusación y los hechos considerados probados por el tribunal, los entonces agentes habrían simulado un operativo policial, privando de su libertad a una mujer que tenía la condición de testigo protegida. Posteriormente, la trasladaron en un vehículo tipo bus asignado a la institución policial.

💰 EXIGIERON DINERO A CAMBIO DE LA LIBERACIÓN

Durante el secuestro, los involucrados se comunicaron con el padre de la víctima para exigirle 100,000 lempiras a cambio de su liberación.

La información expuesta durante el juicio señala que finalmente fueron entregados 60,000 lempiras.

El tribunal también encontró responsabilidad por otras agresiones sexuales cometidas contra la víctima durante el período en que permaneció privada de su libertad.

🔎 UNA INVESTIGACIÓN QUE SE REMONTA A 2024

El caso comenzó a judicializarse en abril de 2024, cuando los cinco integrantes de la DIPAMPCO fueron capturados por la Unidad Nacional Antisecuestros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), tras una investigación coordinada con la FESCCO.

En aquel momento se les dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva, y fueron enviados al centro penal de El Progreso, Yoro.

Las investigaciones iniciales también señalaban que los acusados presuntamente utilizaban vehículos de la propia institución para trasladar a las víctimas y exigir dinero a sus familiares.

📅 A LA ESPERA DE LA PENA

Aunque el tribunal ya emitió el fallo de culpabilidad, todavía queda pendiente la determinación de la pena que deberá cumplir cada uno.

La audiencia de individualización de la pena fue programada para el 13 de octubre de 2026 a la 1:30 de la tarde, según reportes judiciales.

El fallo representa una nueva etapa en un proceso que comenzó con acusaciones contra miembros de una unidad policial encargada precisamente de combatir estructuras criminales, y que ahora concluye con una declaración judicial de culpabilidad contra los cinco exagentes.

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