La defensa de la esposa del exmandatario venezolano había solicitado que se le permitiera permanecer bajo arresto domiciliario por motivos de salud, pero la petición fue rechazada.
MANHATTAN, ESTADOS UNIDOS. El exgobernante venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecen nuevamente ante un tribunal federal de Manhattan, en el marco del proceso judicial que enfrentan en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y tortura.
De acuerdo con el reporte desde las afueras de la corte, el juez federal Alvin Hellerstein había programado una nueva audiencia para las 11:00 de la mañana, en la que ambos debían responder a cargos adicionales. Las acusaciones se suman a otros señalamientos presentados por la Fiscalía estadounidense, que incluyen presuntas conspiraciones relacionadas con el tráfico de drogas y la tortura.
Defensa de Cilia Flores solicitó arresto domiciliario
Durante las actuaciones judiciales anteriores, los abogados de Cilia Flores solicitaron que se le permitiera permanecer en un domicilio en Nueva York mientras continúa el proceso, alegando problemas de salud. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por el tribunal.
La situación legal de ambos acusados continúa bajo revisión judicial, mientras se desarrollan los procedimientos previos al juicio.
Estados Unidos levanta sanciones a Jorge Rodríguez
En paralelo, el Gobierno estadounidense retiró las sanciones que mantenía contra Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, según el reporte. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no habría detallado públicamente los motivos de esa decisión.
El levantamiento de las restricciones se produce en medio de los acontecimientos políticos y judiciales relacionados con Venezuela y de las medidas adoptadas por la Administración del presidente Donald Trump.
El proceso continúa
El caso contra Maduro y Flores mantiene la atención de medios de comunicación y observadores internacionales debido a la relevancia de los cargos y sus posibles implicaciones políticas y judiciales.
Las acusaciones deben distinguirse de una condena: la responsabilidad penal de los imputados tendrá que determinarse mediante el proceso correspondiente y conforme a las garantías judiciales aplicables.
