El reporte sobre la acción fiscal se conoce después de varios meses de investigaciones sobre las actuaciones de la antigua Comisión Permanente del Congreso Nacional.
Tegucigalpa, Honduras, martes 20 de octubre de 2026.— Medios nacionales informaron este martes sobre la presentación de un requerimiento fiscal ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Según los reportes, la acción también comprendería a otros exintegrantes de la Comisión Permanente, entre ellos actuales diputados.
La información trasciende mientras el pleno de magistrados aborda la designación del juez natural que conocería el expediente. Sin embargo, en las fuentes consultadas no se encontró un comunicado oficial que permita precisar los delitos atribuidos, la totalidad de las personas comprendidas o las medidas solicitadas por la Fiscalía. Por ello, los detalles del nuevo requerimiento deben manejarse como información en desarrollo.
Antecedentes de las denuncias
Uno de los primeros antecedentes públicos se remonta a enero de 2022, durante la disputa por la presidencia del Congreso Nacional. El Partido Nacional promovió una denuncia contra Redondo y otras personas por supuesta usurpación de funciones públicas, perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones, falsificación de documentos y uso de documento falso. Estos señalamientos corresponden al contenido de la denuncia y no constituyen una declaración judicial de culpabilidad.
En diciembre de 2023, la entonces diputada Maribel Espinoza presentó otra denuncia ante el Ministerio Público por presunta administración desleal, relacionada con la entrega de subvenciones a legisladores. Espinoza sostuvo que, después de la derogación del Fondo Departamental, no existía una disposición legal que autorizara continuar distribuyendo esos recursos bajo esa modalidad. Las publicaciones consultadas documentan la denuncia, pero no permiten establecer una sentencia o resolución definitiva sobre ella.
Investigación sobre la Comisión Permanente
En mayo de 2026, el Ministerio Público anunció la citación de Redondo y de los integrantes de la anterior Comisión Permanente. La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública investigaba decisiones que, según los indicios descritos por la institución, habrían excedido las facultades constitucionales y legales de ese órgano legislativo.
El 25 de junio, la Fiscalía presentó diligencias prejudiciales ante la CSJ para obtener elementos de prueba. Entre las actuaciones divulgadas figuraba una solicitud de análisis pericial de videos relacionados con la sesión legislativa del 8 de enero de 2026. En esa etapa, las diligencias buscaban determinar si existían fundamentos para presentar una acusación formal.
La defensa cuestionó parte de esas actuaciones. Una publicación del 15 de octubre recogió declaraciones del abogado Mario Rojas, quien aseguraba que hasta entonces Redondo no enfrentaba un requerimiento fiscal formal y objetaba la fundamentación de la prueba pericial solicitada. Ese antecedente es anterior al reporte divulgado este martes.
Los antecedentes descritos corresponden a denuncias e investigaciones distintas y no deben presentarse automáticamente como parte de una sola acusación. La confirmación oficial del nuevo expediente permitirá establecer qué hechos comprende y cuáles serán los siguientes pasos judiciales. Redondo mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
