El comisionado Mario Celín Simón señaló atrasos en una obra hospitalaria, compra de equipo por unos L147 millones, diferencias en registros de ayudas a migrantes y pagos cercanos a L60 millones a una ONG. Los señalamientos requieren investigación para determinar posibles responsabilidades.
Tegucigalpa, Honduras. La revisión de instituciones sometidas a liquidación ha identificado presuntas irregularidades en la administración de proyectos hospitalarios y programas sociales del gobierno anterior, según declaraciones del integrante de la Comisión Técnica Liquidadora, Mario Celín Simón Perla.
El funcionario expuso cuatro hallazgos relacionados con una obra en el Hospital de Occidente, adquisición de equipo médico, ayudas a migrantes retornados y transferencias a una organización no gubernamental. Según su versión, existen problemas de ejecución contractual, falta de liquidaciones y diferencias entre los registros de beneficiarios.
Aunque la información suministrada menciona una revisión de 25 instituciones, la transcripción no presenta un listado completo ni un monto consolidado de los recursos cuestionados. Tampoco permite afirmar que se haya determinado judicialmente la existencia de malversación en todas esas entidades.
Obra hospitalaria bajo cuestionamiento
Simón manifestó que el plazo de ejecución de una obra vinculada al Hospital de Occidente venció el 10 de enero de 2026, sin que los anteriores administradores hubieran realizado, según afirmó, las gestiones necesarias para garantizar su continuidad o conclusión.
Sostuvo que el proyecto había recibido ampliaciones y que su avance rondaba el 27 %. Además, aseguró que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) habría comunicado que la obra dejó de ser elegible para continuar recibiendo financiamiento. Este último señalamiento no pudo corroborarse con una comunicación del organismo en las fuentes consultadas.
Como antecedente, un informe oficial publicado por la Secretaría de Finanzas, con corte al 30 de septiembre de 2025, registraba un avance físico del 21.96 % en el Bloque Obstétrico Neonatal del Hospital de Occidente. El documento advertía un desfase significativo respecto al tiempo transcurrido y señalaba que una ampliación llevaría la fecha contractual al 10 de enero de 2026, entonces pendiente de formalización.
Ese antecedente documenta atrasos anteriores, pero no acredita por sí mismo las responsabilidades ni todos los señalamientos expuestos ahora por el comisionado.
Compra de equipo por aproximadamente L147 millones
Otro de los puntos mencionados fue la adquisición de equipo médico y biomédico por aproximadamente 147 millones de lempiras, destinado, según Simón, a la obra hospitalaria.
El comisionado cuestionó que los equipos fueran comprados cuando la infraestructura todavía no estaba terminada y afirmó que permanecen almacenados en bodegas.
Advirtió que esta situación podría afectar el aprovechamiento de las garantías y que es necesario verificar las condiciones de conservación y funcionamiento de los aparatos.
La declaración no incluye un inventario, fechas individuales de recepción, plazos de garantía ni una evaluación técnica que permita establecer si existen equipos dañados. Por ello, la compra señalada no debe presentarse automáticamente como una pérdida total de recursos.
Diferencias en ayudas a migrantes retornados
Simón también informó sobre la revisión de dos mecanismos de apoyo a migrantes retornados. En uno de ellos, relacionado con una ayuda de 100 dólares, aseguró que se emitieron cheques para manejar dinero en efectivo hasta el 12 de enero de 2026 y que existen liquidaciones pendientes.
Según explicó, al comparar los registros de personas presuntamente beneficiadas con la base de datos del Instituto Nacional de Migración, se encontraron diferencias que requieren aclaración.
Respecto a los bonos alimenticios, indicó que los registros revisados reflejarían alrededor de 70,000 entregas, frente a poco más de 40,000 personas retornadas bajo la condición mencionada en su intervención.
La comparación requiere conocer los períodos examinados, las reglas del programa y si una misma persona podía recibir más de una ayuda. Sin esos datos y los respaldos correspondientes, la diferencia constituye un señalamiento por esclarecer y no una prueba concluyente de desvío.
Pagos cercanos a L60 millones a una ONG
El cuarto hallazgo expuesto corresponde al supuesto pago de aproximadamente 60 millones de lempiras a una organización no gubernamental, que habría intervenido en compras directas.
Simón afirmó que este mecanismo se habría utilizado para evadir procedimientos de contratación pública. También sostuvo que, al verificar una dirección de la organización en La Ceiba, encontraron una caseta abandonada.
Sin embargo, la transcripción no identifica a la ONG ni proporciona contratos, convenios, comprobantes de pago o informes de entrega. Estos documentos son necesarios para establecer el destino de los recursos y determinar si los bienes o servicios fueron efectivamente suministrados.
Antecedentes de la comisión liquidadora
La Secretaría de Finanzas informó que la Comisión Técnica Liquidadora fue integrada en cumplimiento del PCM-004-2026, publicado el 25 de febrero de 2026. Sus funciones incluyen procesos de liquidación administrativa y financiera, así como el traslado de recursos para indemnizaciones del personal de las instituciones suprimidas. Entre sus integrantes figuran Leonel Humberto Núñez Espinoza y Mario Celín Simón Perla.
Aunque la información inicial identifica a Núñez como coordinador, el acuerdo de nombramiento consultado designó en ese cargo a Ángel Antonio Mendoza Velásquez, mientras Núñez y Simón fueron nombrados representantes de Finanzas. No se identificó en esta revisión un documento posterior que acredite un cambio de coordinación.
La transcripción aportada desarrolla principalmente las declaraciones de Simón y no permite atribuir a Núñez afirmaciones específicas sobre los cuatro hallazgos.
Ahorro estatal y rendición de cuentas
El comisionado sostuvo que el cierre de instituciones busca reducir el tamaño del aparato estatal y liberar recursos para áreas como salud y educación. No obstante, en su intervención no detalló una cifra de ahorro ni un calendario de reasignación presupuestaria.
Los señalamientos dejan pendientes la presentación de los expedientes de respaldo, la explicación de los anteriores administradores y la eventual intervención de las autoridades competentes.
Las cifras mencionadas corresponden a operaciones distintas y no deben sumarse como un monto total malversado. La información disponible tampoco acredita una resolución definitiva ni una condena contra personas determinadas por estos hechos.
