La Fiscalía salvadoreña confirmó la salida del expresidente, condenado por peculado y lavado de dinero. Los bienes sujetos a medidas judiciales continuarán bajo custodia estatal.
San Salvador, El Salvador, 28 de octubre de 2026. El expresidente Elías Antonio Saca recuperó su libertad después de cumplir una condena de diez años de prisión por delitos de peculado y lavado de dinero y activos, en el proceso conocido como “Destape a la Corrupción”.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este miércoles su salida mediante un comunicado, después de que el 27 de octubre trascendiera la emisión de la orden judicial de libertad. La institución aclaró que los bienes y propiedades sujetos a medidas estatales permanecerán bajo custodia del Estado, conforme a las resoluciones aplicables.
La excarcelación corresponde al cumplimiento de la pena privativa de libertad y no constituye una absolución ni elimina las obligaciones económicas derivadas de los procesos judiciales.
De la Presidencia a la captura
Saca gobernó El Salvador entre 2004 y 2009, tras llegar al Ejecutivo con el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Antes de su carrera presidencial se desempeñó en el ámbito empresarial y de las comunicaciones.
Su detención fue informada el 30 de octubre de 2016, durante la celebración de la boda de uno de sus hijos. La investigación lo vinculó con una estructura que trasladó recursos de los gastos reservados de la Presidencia hacia cuentas particulares, colaboradores y empresas relacionadas con el exmandatario.
El caso se convirtió en uno de los principales procesos por corrupción contra un expresidente salvadoreño, debido al volumen de recursos públicos involucrados y a la participación de antiguos funcionarios de su administración.
Confesión y condena en 2018
Durante el juicio, celebrado en 2018, Saca aceptó su participación en los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado, mediante el cual recibió una pena de diez años: cinco por peculado y cinco por lavado de dinero y activos.
El proceso examinó el desvío de aproximadamente 301 millones de dólares durante su gestión. La sentencia también estableció una obligación individual de restitución de 260.7 millones de dólares para el exmandatario.
Entre los condenados figuraron antiguos colaboradores de Casa Presidencial. Posteriormente, la Sala de lo Penal confirmó las responsabilidades económicas impuestas a Saca y a otros procesados por la extracción de los fondos públicos.
Otro antecedente judicial
Además del caso principal, Saca recibió en septiembre de 2019 una condena de dos años por soborno, según información de Reuters. Esa resolución constituye un antecedente distinto del proceso por peculado y lavado de dinero. La información consultada sobre su liberación no detalla cómo se computó esa pena dentro de su situación penitenciaria.
Responsabilidades económicas pendientes
La salida del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, no supone la devolución automática de bienes ni el cierre de los mecanismos destinados a recuperar el patrimonio estatal.
Según la información publicada por La Prensa Gráfica, Saca todavía no ha restituido íntegramente los 260.7 millones de dólares correspondientes al caso de corrupción. El mismo medio reporta una obligación adicional de 3.8 millones de dólares por un proceso separado de enriquecimiento ilícito.
Los procedimientos sobre inmuebles, empresas, vehículos y otros activos deben distinguirse de la condena de prisión: mientras esta última sanciona penalmente los delitos, las acciones patrimoniales buscan hacer efectivas las responsabilidades económicas determinadas judicialmente.
Con su excarcelación concluye el período de reclusión informado por las autoridades, pero permanecen pendientes las obligaciones de restitución y las decisiones judiciales relacionadas con los bienes vinculados a sus procesos.
