Los Ángeles, California | 19 de septiembre de 2026. — Autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a Alma Patricia Contreras Villafana, de 54 años, residente de South Los Ángeles, quien enfrenta una acusación federal por presuntamente haber declarado falsamente que era ciudadana estadounidense para obtener y conservar empleos durante casi tres décadas. El Departamento de Justicia informó que la mujer, de nacionalidad mexicana, tenía además una orden de deportación emitida por un juez de inmigración en 2003.
Según la acusación presentada ante un gran jurado federal, Contreras Villafana habría utilizado por primera vez esta información en diciembre de 1996, cuando completó un formulario I-9 para conseguir empleo en una empresa de Torrance identificada en los documentos judiciales como “Company-2”. En el documento habría declarado ser ciudadana estadounidense, pese a que, según los fiscales, no tenía esa condición migratoria.
La investigación señala que en enero de 2026 volvió a presentar un formulario I-9 para conservar su empleo en otra compañía, identificada como “Company-1”, y nuevamente habría declarado bajo pena de perjurio que era ciudadana estadounidense. Además, presuntamente proporcionó el número de un certificado de naturalización legítimo perteneciente a otra persona.
Más de 1.4 millones de dólares en ingresos
De acuerdo con el Departamento de Justicia, entre diciembre de 1996 y septiembre de 2026, Contreras Villafana habría recibido al menos 1,402,459 dólares en pagos por sus empleos en las dos compañías mencionadas en la acusación, incluyendo depósitos directos a una cuenta bancaria. Una de las empresas estaba vinculada al sector aeroespacial y era contratista del Gobierno de Estados Unidos.
La acusada enfrenta ocho cargos federales: cinco por fraude electrónico, uno por uso de un certificado de naturalización falso o falsificado, uno por robo de identidad agravado y otro por falsa declaración de ciudadanía estadounidense.
Posibles penas
Si fuera declarada culpable, los cargos contemplan distintas penas máximas: hasta 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico, hasta 10 años por el relacionado con el certificado de naturalización, hasta tres años por la falsa declaración de ciudadanía y una pena obligatoria adicional de dos años por robo agravado de identidad.
Contreras Villafana tiene previsto comparecer ante un tribunal federal en Los Ángeles para su primera audiencia. El caso está siendo investigado por Homeland Security Investigations (HSI) y procesado por la Fiscalía Federal del Distrito Central de California.
Importante: la acusación constituye únicamente una imputación; la acusada se presume inocente mientras no se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
