Bajo el lema “Defender el voto no es delito”, los diputados del Partido Libertad y Refundación cuestionaron las acciones judiciales contra el expresidente del Legislativo y sus compañeros, al considerar que sus actuaciones estuvieron orientadas a exigir transparencia en los resultados electorales.
Tegucigalpa, Honduras | Martes 20 de octubre de 2026. — La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) emitió este martes un comunicado oficial en el que expresó su respaldo al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y a los exintegrantes de la Comisión Permanente del Poder Legislativo, quienes enfrentan investigaciones relacionadas con sus actuaciones durante el período posterior a las elecciones generales de noviembre de 2025.
En el documento, firmado por el jefe de bancada, Ronald Panchamé, los parlamentarios rechazaron que las acciones emprendidas para exigir el conteo de votos puedan constituir un delito y denunciaron lo que consideran un trato desigual por parte del sistema de justicia hondureño.
Libre asegura que sus actuaciones buscaron defender la voluntad popular
La bancada oficializó su posición mediante un pronunciamiento titulado “Defender el voto no es delito”, en el que sostiene que, después de las elecciones generales, surgieron dudas sobre los resultados electorales y que sus representantes solicitaron una revisión de los sufragios.
Según el comunicado, la exigencia consistía en realizar un conteo individual de los votos y verificar las actas electorales para garantizar transparencia en el proceso.
Los diputados argumentaron que estas acciones fueron impulsadas desde la Comisión Permanente del Congreso Nacional, figura que, según señalan, estaba contemplada en la Constitución de la República desde 1982.
Asimismo, afirmaron que dicha figura fue eliminada en abril de 2026, pero cuestionaron que ahora se pretenda procesar judicialmente a quienes participaron en sus actuaciones cuando todavía estaba vigente.
Cuestionan investigaciones por presunta traición a la patria
El documento menciona directamente a Luis Redondo y a otros exintegrantes de la Comisión Permanente, quienes estarían siendo investigados por decisiones adoptadas durante el período de controversia electoral.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento está relacionado con las investigaciones que, según la bancada, incluyen señalamientos por el presunto delito de traición a la patria.
“¿Desde cuándo exigir que se respete el voto del pueblo es traicionar al país?”, cuestiona la bancada en su comunicado.
Los representantes de Libre sostienen que sus actuaciones no estuvieron motivadas por intereses económicos ni beneficios personales, sino por la defensa de los ciudadanos que participaron en las elecciones.
En ese sentido, rechazaron cualquier señalamiento que pretenda vincular sus acciones con actos de corrupción o aprovechamiento indebido de recursos públicos.
Denuncian supuesto trato desigual de la justicia hondureña
En otro apartado, la bancada de Libre expresó su inconformidad con lo que considera una aplicación desigual de la justicia en Honduras.
Los diputados hicieron referencia a los casos del expresidente Juan Orlando Hernández y de Pepe Lobo, cuestionando decisiones judiciales que, según su postura, contrastan con las investigaciones emprendidas contra quienes exigieron transparencia electoral.
En particular, el comunicado menciona la condena por narcotráfico que recibió Juan Orlando Hernández en Estados Unidos y critica el tratamiento de determinados expedientes judiciales en Honduras.
Estas afirmaciones representan la posición política de la bancada y requieren distinguirse de las resoluciones y actuaciones oficiales de las autoridades judiciales.
Antecedentes de la controversia sobre la Comisión Permanente
La Comisión Permanente del Congreso Nacional se convirtió en uno de los principales puntos de controversia política e institucional durante el período posterior a las elecciones generales de noviembre de 2025.
Las actuaciones de este órgano legislativo generaron cuestionamientos sobre el alcance de sus atribuciones constitucionales y la legalidad de determinadas decisiones adoptadas en medio de las disputas por los resultados electorales.
De acuerdo con reportes preliminares divulgados este 20 de octubre, habría sido presentado un requerimiento fiscal ante la Corte Suprema de Justicia contra Luis Redondo y otros exintegrantes de dicha comisión.
También trascendió que el Poder Judicial desarrollaría los procedimientos correspondientes para determinar la autoridad judicial competente que conocería el expediente.
Sin embargo, la presentación de un requerimiento fiscal no constituye una sentencia condenatoria ni determina por sí misma la responsabilidad penal de las personas señaladas.
Los investigados mantienen sus derechos y garantías constitucionales, incluido el principio de presunción de inocencia.
Bancada anuncia respaldo a sus compañeros
En la parte final del comunicado, los diputados de Libre manifestaron que continuarán acompañando a sus compañeros frente a las investigaciones anunciadas.
La organización política aseguró que no renunciará a su postura sobre la defensa de los resultados electorales y reiteró que sus actuaciones estuvieron encaminadas a exigir el respeto de la voluntad popular.
“Como bancada, no nos escondemos ni nos arrodillamos, acompañamos a nuestros compañeros y compañeras y sostenemos la misma exigencia: que se respete la voluntad del pueblo”, establece el documento.
El pronunciamiento concluye con el mensaje:
“Contar votos no es delito. Defender la democracia es nuestra obligación”.
Se mantiene la expectativa por las actuaciones judiciales
El comunicado de la bancada de Libre surge en medio de la atención pública sobre las investigaciones relacionadas con las actuaciones de la antigua Comisión Permanente del Congreso Nacional.
El desarrollo del proceso dependerá de las diligencias del Ministerio Público y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales competentes.
Por su parte, la bancada de Libertad y Refundación ha dejado establecida su posición de respaldo político a Luis Redondo y a los demás exintegrantes de la comisión.
Hasta el momento, el comunicado no aporta documentación judicial que permita determinar los cargos formalmente admitidos, la totalidad de las personas investigadas o las resoluciones adoptadas por los tribunales.
La controversia plantea un nuevo escenario de debate político y jurídico sobre las atribuciones del Poder Legislativo, la transparencia electoral y el respeto al debido proceso en Honduras.
