Proyecto presentado por diputada nacionalista María José Sosa busca garantizar condiciones mínimas de dignidad, salud, higiene y seguridad laboral para guardias
La diputada nacionalista por el departamento de Francisco Morazán María José Sosa presentó un proyecto de ley orientado a mejorar las condiciones laborales de los guardias de seguridad en la empresa privada y en instituciones públicas.
En Honduras hay más de 42.000 guardias de seguridad, hombres y mujeres, que desempeñan labores de vigilancia y seguridad privada en instituciones públicas, empresas privadas, centros comerciales, hospitales, bancos, colonias residenciales, industrias, bodegas y diversos establecimientos que requieren protección permanente, según la iniciativa.
Condiciones inadecuadas de los guardias
La diputada Sosa explicó que “es común observar guardias de seguridad que permanecen jornadas de más de 50 horas semanales de pie, sin rotación adecuada, expuestos al sol intenso, la lluvia torrencial o el calor extremo sin protección suficiente”.
También cumplen sus labores “sin acceso cercano a servicios sanitarios limpios y adecuados, sin espacios dignos para el descanso o la alimentación, e incluso obligados a consumir sus comidas en la vía pública, en el suelo o en condiciones insalubres”, añadió Sosa.
Salarios muy bajos
La diputada nacionalista también señaló que “persisten denuncias frecuentes de salarios por debajo del salario mínimo legal, en rangos entre 6.000 y 8.000 lempiras mensuales”.
Además, los guardias “no gozan del pago de horas extras, negación de prestaciones sociales, seguro social, vacaciones y aguinaldos, hostigamiento laboral, despidos injustificados y amenazas por reclamar derechos”, recalcó.
La ley tiene por objeto establecer y garantizar condiciones mínimas de dignidad, salud, higiene y seguridad laboral para los trabajadores que desempeñan funciones de vigilancia, seguridad privada, custodia o protección en instituciones públicas, empresas privadas, establecimientos comerciales, industriales, residenciales o cualquier otro lugar dentro del territorio nacional, independientemente de la modalidad de contratación.
Ámbito de aplicación
Según el proyecto, la ley será de orden público e interés social, siendo sujetos pasivos los siguientes: empresas de seguridad privada autorizadas, instituciones públicas que contraten o utilicen directamente servicios de vigilancia y seguridad, empresas, establecimientos o personas naturales que contraten o subcontraten servicios de guardias o vigilantes, ya sea de forma permanente, temporal o por turnos.
También, todos los trabajadores que realicen labores de vigilancia, custodia, protección o seguridad, independientemente de su denominación (guardia, vigilante, custodio, operador de seguridad, etc.).
