88 diputados votan a favor de la destitución de los cuatro funcionarios electorales que fueron sometidos al segundo juicio político en el país.

Mediante el segundo juicio político que se realiza en Honduras desde que su ley está vigente, el Congreso Nacional destituyó de sus cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) a Marlon Ochoa y en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) a Mario Morazán, Lourdes Maribel Mejía y Gabriel Gutiérrez Peralta.

La destitución de Ochoa (consejero propietario del CNE), Morazán (magistrado propietario del TJE), Mejía y Gutiérrez (magistrados suplentes) se concretó en una prolongada sesión legislativa este jueves, 16 de abril de 2026.

En palabras del presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, este juicio político está apegado a la Constitución en su artículo 34 y a la Ley Especial de Juicio Político.

Se realizaron dos votaciones: una para los funcionarios que no atendieron la citación a comparecer ante la Comisión Especial de Juicio Político y el pleno legislativo, y otra para el que sí acudió a la convocatoria, el magistrado propietario del TJE, Mario Morazán.

En ambas votaciones se registraron 88 votos, dos más de los establecidos en la Ley de Juicio Político.

El voto se ejerció tras conocerse el informe de la Comisión Especial de Juicio Político, presidida por la diputada nacionalista por Ocotepeque Tania Pinto, ante el pleno de diputados y luego de escucharse a Mario Morazán, el único de los cuatro denunciados que atendió la citatoria.

El resto de denunciados rehusó a la cita enviada por la Secretaría del Congreso Nacional.

Cuando el secretario del Congreso Francis Cabrera daba lectura al informe, específicamente a la parte dedicada a los testimonios de los testigos que llegaron a las audiencias el martes y miércoles, la bancada del partido de oposición, Libertad y Refundación (Libre), abandonó el hemiciclo tras realizar una jornada de protesta con pancartas, silbatos, gritos y cantos.

La solicitud de juicio político fue presentada el pasado 9 de abril por los diputados Sergio Figueroa Velásquez, Marco Jonathan Laínez Ordóñez y Miguel Edgardo Motiño Castellanos, con fundamento en el artículo 205, numeral 15 de la Constitución de la República.

Los cuatro funcionarios fueron denunciados por haber cometido ilegalidades y otras acciones para entorpecer el proceso electoral de 2025, que incluyó los comicios primarios del 9 de marzo y los generales del 30 de noviembre.

Comparecencia de Morazán

Inicialmente, Morazán tuvo una hora y 20 minutos para exponer sus argumentos, entre los que presumió de su sueldo de 199.000 lempiras más gastos de representación y su currículo como catedrático en universidades centroamericanas y en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).

Durante su comparecencia inicial, el funcionario ahora destituido reiteró su posición y defendió que actuó en base a la legalidad como magistrado del TJE.

Luego, el jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, quien fue ampliamente mencionado por el funcionario denunciado en su comparecencia ante la comisión especial el pasado lunes, cuestionó los ataques de Morazán por su nombramiento como diputado propietario de Olancho en sustitución de Samuel García.

Presentando cuatro ejemplos, Cálix demostró que la Ley Electoral permite éstos nombramientos tan cuestionados por partidarios de Libre.

Precisó que uno de estos casos fue solicitado por el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, y firmado por la entonces presidenta del CNE, Rixi Moncada, mientras que otros fueron firmados por Ana Paola Hall, Kelvin Aguirre, Cossette López y Marlon Ochoa.

El legislador liberal también expuso audios entre los magistrados Morazán y Mario Flores Urrutia donde el primero confiesa presiones del Gobierno anterior, y oficios que contradicen las afirmaciones del denunciado sobre las convocatorias al pleno del TJE, entre otras.

Participación de diputados

Durante la jornada también participó el jefe de la bancada de Libre, Ronald Panchamé, quien mencionó la sanción salarial de 15 días a los integrantes de su partido por hacer desórdenes en el hemiciclo, mientras defendía a Marlon Ochoa y a Mario Morazán.

Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Carlos Cano, le recordó a Morazán que fue el padre de la fallecida magistrada del TJE, Miriam Barahona, quien le hizo señalamientos sobre su actuar y él optó por callar.

Otros diputados que participaron durante la audiencia de Morazán incluyen a Rashid Mejía (liberal), Fabricio Sandoval (Libre) y finalmente el nacionalista Mario Pérez, quien resumió que el magistrado Morazán solo tenía que ir a sesiones y cumplir su función.

La comparecencia de Morazán se extendió por más de seis horas, desde las 5:00 de la tarde hasta pasadas las 11:00 de la noche.

Conclusiones

El secretario de la Comisión Especial de Juicio Político, Alberto Cruz, dijo que lo que sucedió en el proceso electoral de 2025 no fueron hechos circunstanciales, sino hechos que estuvieron premeditados.

“Como comisión identificamos una trama y la identificamos como la trama de la silla vacía. Los altos funcionarios de los entes electorales sabían las debilidades del proceso electoral y su legislación. Sabían que una silla vacía rompe el quorum, sabían que rompiendo el quorum rompen la continuidad del ente electoral y con ello paralizan un calendario electoral”, explicó.

El diputado liberal destacó que como legisladores no pueden permitir que lo que sucedió en el 2025 y parte del 2026 se convierta en una anécdota de hondureños ni en algo que fue normal, e instó a sentar precedentes.

Precedentes

El 25 de marzo pasado, el Congreso Nacional destituyó a Johel Zelaya como fiscal general después de someterlo al primer juicio político que se registra en Honduras y nombró a Pablo Emilio Reyes en su lugar.

Además, en esa misma fecha, el Legislativo aceptó la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, la que recibió en los momentos en que empezaba la lectura de una denuncia para juicio político contra ella, que sigue siendo magistrada.

El Congreso juramentó posteriormente al magistrado Wagner Vallecillo como nuevo presidente de la Corte Suprema.

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