Tegucigalpa, Honduras. El Colegio de Abogados de Honduras (CAH) emitió este jueves un enérgico pronunciamiento en el que expresa su profunda preocupación, consternación y condena ante la creciente ola de violencia que afecta a los profesionales del derecho en el país, especialmente tras los recientes asesinatos de abogados registrados en las últimas horas.
Según el documento, la organización advierte que la situación se ha agravado de manera alarmante en los últimos años, convirtiendo el ejercicio de la abogacía en una profesión de alto riesgo en Honduras. De acuerdo con cifras citadas por el gremio, entre 2016 y 2026 cerca de 300 abogados denunciaron encontrarse en situación de riesgo debido a amenazas, atentados, persecución y desplazamiento forzado.
Asimismo, el CAH señaló que desde 2004 alrededor de 220 profesionales del derecho han perdido la vida de manera violenta en el país, mientras que gran parte de estos casos continúan rodeados por altos niveles de impunidad.
La institución manifestó su solidaridad con las familias de los abogados asesinados y con todos aquellos profesionales que desempeñan su labor bajo amenazas constantes. Además, recordó que la defensa de los derechos, el acceso a la justicia y el ejercicio libre e independiente de la profesión legal constituyen pilares fundamentales del Estado de Derecho y la democracia.
Exigen medidas inmediatas
En su pronunciamiento, el Colegio de Abogados hizo un llamado urgente a las autoridades para adoptar acciones concretas que garanticen la protección de los profesionales del derecho.
Entre las principales exigencias destacan:
- El esclarecimiento inmediato, objetivo y transparente de los recientes asesinatos de abogados por parte del Ministerio Público.
- El fortalecimiento de mecanismos de protección y prevención para abogados y operadores de justicia en situación de riesgo.
- La implementación de políticas públicas y protocolos efectivos de seguridad para garantizar el libre ejercicio de la profesión.
- El combate frontal a la impunidad en los delitos cometidos contra miembros del gremio jurídico.
El CAH reiteró su compromiso con la defensa de la vida, la integridad y la seguridad de los profesionales del derecho, advirtiendo que la violencia contra los abogados no solo representa un ataque individual contra quienes ejercen la profesión, sino también una amenaza directa contra el Estado de Derecho, la institucionalidad y la administración de justicia en Honduras.
La Junta Directiva Nacional concluyó que el silencio y la indiferencia frente a estos hechos debilitan el sistema democrático y el acceso a la justicia para el pueblo hondureño, por lo que instó a las autoridades a actuar con prontitud para frenar esta problemática.
