Tegucigalpa 27 de octubre 2025.- La sentencia contra Gary Lee Johnson no es solo el cierre de un caso penal, sino una historia de perseverancia institucional. Durante años, Johnston se movió con apariencia de empresario respetable en Islas de la Bahía, mientras ocultaba una red de abuso y manipulación de menores bajo un velo de silencio.
Fue la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) quien, tras meses de trabajo encubierto, logró establecer patrones de conducta sospechosos en sus propiedades. Los agentes, en coordinación con la Fiscalía de la Mujer y la Unidad contra la Trata de Personas, realizaron labores de inteligencia que permitieron documentar sus movimientos, relaciones y el uso de dispositivos electrónicos para captar víctimas.
El allanamiento de 2022 fue la pieza clave. Johnston fue sorprendido junto a una menor de edad, y en su residencia se hallaron discos duros, cámaras y grabaciones que mostraban escenas de explotación sexual. Los investigadores de la DPI lograron recopilar evidencia digital mediante protocolos forenses que luego fueron validados en juicio.
Durante el proceso judicial, los fiscales expusieron más de 50 pruebas materiales y testimoniales sustentadas por los informes técnicos de la Policía Nacional, demostrando la conexión directa entre el acusado y los delitos de trata de personas agravada y pornografía infantil.
El fallo del Tribunal de Sentencia, emitido el 4 de febrero de 2025 y ratificado con condena en octubre, reafirma la capacidad técnica y ética de la Policía Nacional para combatir estructuras criminales internacionales que amenazan a los sectores más vulnerables del país.
