
Márquez enfrenta graves señalamientos por presuntamente “coludirse para saquear más de tres mil millones de lempiras (L.3,084,223,255.38)”. Según el Ministerio Público, este fraude fue orquestado durante más de dos décadas, utilizando un contrato irregular y un laudo arbitral sin validez legal como fachada.
Se le imputa haber utilizado su cargo para remitir documentos a la Procuraduría, a pesar de que ya se habían asignado partidas presupuestarias para saldar la deuda, lo que dio lugar a una nueva demanda millonaria.

Parte del dinero obtenido se depositó en cuentas personales de los involucrados y familiares de altos funcionarios.





