Tegucigalpa, Honduras | 5 de octubre de 2026. — La Secretaría de Salud emitió una nota aclaratoria ante las informaciones difundidas sobre la presencia de equipo médico, materiales y otros bienes almacenados en instalaciones del Despacho de Salud (SESAL). La institución sostiene que los bienes observados están identificados para descarte y que no están destinados a la atención de pacientes.
La explicación oficial, sin embargo, deja abiertas preguntas importantes sobre la gestión, planificación, control y disposición de bienes adquiridos con recursos públicos.
Equipos que llegaron al final de su vida útil
Según la Secretaría de Salud, el área señalada funciona temporalmente como espacio de resguardo para bienes que cumplieron su vida útil, presentan desperfectos, deterioro o ya no son aptos para su utilización.
La institución afirma que, por tratarse de bienes públicos —incluidos equipos, mobiliario, insumos y materiales adquiridos con recursos estatales o recibidos mediante donaciones—, su retiro, destrucción o disposición final debe realizarse mediante procedimientos administrativos y legales.
El problema que plantea esta explicación es evidente: si se trata de bienes públicos, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué bienes son, cuánto costaron, cuándo fueron adquiridos, quién determinó que ya no son utilizables y cuál será el procedimiento para su disposición final.
No basta con afirmar que están “en proceso de descarte”. La transparencia exige documentación, inventarios, actas de baja, dictámenes técnicos y mecanismos de control que permitan verificar que los recursos del Estado no terminarán desperdiciados ni utilizados de manera irregular.
Cajas utilizadas durante la pandemia
Uno de los puntos aclarados por SESAL corresponde a las cajas térmicas tipo Softbox utilizadas para el transporte internacional de vacunas contra la COVID-19.
La Secretaría asegura que estas cajas no contienen medicamentos ni insumos y que no forman parte de los bienes destinados actualmente a la atención de pacientes.
La institución explica que normalmente estas cajas eran devueltas al proveedor después de recibirse las vacunas, pero que en este caso permanecieron bajo resguardo institucional porque el proveedor no solicitó su devolución.
Aquí surge otra interrogante que merece una respuesta pública: ¿por qué permanecieron almacenadas durante años y cuál fue el mecanismo utilizado para determinar finalmente su destino?
La pandemia terminó, pero las responsabilidades administrativas sobre los bienes adquiridos o recibidos durante la emergencia sanitaria no desaparecieron con ella.
El caso del diluyente vencido
La Secretaría también reconoce la existencia de un remanente de diluyente utilizado durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Según la explicación oficial, el producto fue recibido durante una primera entrega de vacunas en la que era necesario utilizar dicho diluyente. Posteriormente, el fabricante modificó la formulación y presentación de las vacunas, de manera que las nuevas presentaciones ya no requerían el insumo recibido inicialmente.
Como consecuencia, quedó un remanente que posteriormente alcanzó su fecha de vencimiento y actualmente se encuentra bajo resguardo institucional para completar su disposición final.
Este punto merece especial atención. Las propias normas hondureñas de inmunización contemplan procedimientos específicos para el control, almacenamiento y descarte de vacunas e insumos relacionados.
Por ello, la discusión no debería limitarse a determinar si el diluyente puede utilizarse actualmente —la Secretaría dice que no—, sino también a establecer cuánto producto quedó, cuál fue su costo, por qué no pudo ser utilizado o devuelto y qué controles existieron sobre ese inventario.
Un equipo ofrecido como donación tampoco ingresó al sistema
Otro apartado de la nota oficial resulta particularmente relevante.
SESAL señala que recibió un ofrecimiento de equipo médico como donación durante la administración anterior, pero que no fue recibido formalmente, debido a que una evaluación determinó que no reunía las condiciones técnicas necesarias para incorporarse al sistema sanitario.
La Secretaría sostiene que se trataba de equipo usado, con una antigüedad aproximada del año 2000, con condiciones de obsolescencia y problemas relacionados con tecnología y disponibilidad de repuestos.
De ser así, resulta positivo que un equipo considerado técnicamente inadecuado no haya sido incorporado a los establecimientos de salud. Pero también corresponde preguntar qué controles existen para impedir que equipos obsoletos sean presentados como donaciones útiles para el sistema sanitario.
La gran pregunta: ¿cuánto dinero público está en ese proceso?
La explicación de la Secretaría busca aclarar que los objetos observados no son medicamentos disponibles para pacientes ni equipos actualmente destinados a brindar atención médica.
Pero la aclaración también coloca sobre la mesa una discusión más profunda: la eficiencia con la que el Estado compra, recibe, almacena, utiliza y finalmente descarta sus bienes.
En un sistema sanitario donde las necesidades de infraestructura, medicamentos, equipos y atención médica son permanentes, cada bien público debería estar sometido a controles rigurosos desde su adquisición hasta su disposición final.
La crítica no debe centrarse únicamente en la existencia física de equipos almacenados. La verdadera pregunta es cuánto costaron, cuánto tiempo permanecieron sin utilización, por qué dejaron de ser útiles y quiénes fueron responsables de tomar las decisiones administrativas correspondientes.
Transparencia por encima de explicaciones
La Secretaría de Salud tiene razón al señalar que un bien almacenado para descarte no necesariamente puede utilizarse para atender pacientes. Sin embargo, una explicación administrativa no sustituye la rendición de cuentas.
Si existen bienes públicos en proceso de descarte, la población merece conocer el inventario, valor de adquisición, estado actual, dictámenes técnicos, fechas de baja y destino final.
Y si existen insumos vencidos, también debe quedar documentado por qué llegaron a esa condición y qué medidas se adoptaron para evitar pérdidas similares en el futuro.
El sistema de salud no solamente necesita hospitales y medicamentos; necesita también controles, planificación, transparencia y responsables claramente identificados.
La ciudadanía hondureña no debería conformarse con saber que un equipo “está para descarte”. Debe poder saber cuánto costó, por qué terminó allí y qué se hará para que los recursos públicos no vuelvan a terminar almacenados, vencidos u obsoletos.
