Tegucigalpa, Honduras. Luego de permanecer cerca de tres años prófuga de la justicia, la exsecretaria de Salud durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, Alba Consuelo Flores, se presentará de manera voluntaria ante los tribunales hondureños el próximo 4 de agosto, para responder por las acusaciones relacionadas con el caso de la compra de hospitales móviles durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19.
La comparecencia fue programada luego de que las autoridades judiciales aceptaran una solicitud presentada por su defensa legal para que la exfuncionaria acuda ante el Tribunal de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, donde enfrentará el proceso penal que pesa en su contra.
Acusación del Ministerio Público
El Ministerio Público acusa a Flores por el delito de fraude, dentro de una investigación que señala presuntas irregularidades en la adquisición de siete hospitales móviles destinados a atender pacientes afectados por el coronavirus durante la pandemia.
De acuerdo con la investigación fiscal, la exfuncionaria habría participado en decisiones que facilitaron la cuestionada compra, considerada uno de los mayores escándalos de corrupción registrados durante la emergencia sanitaria en Honduras. Además del delito de fraude, en distintas etapas del proceso también se han mencionado imputaciones relacionadas con violación de los deberes de los funcionarios y otros ilícitos, dependiendo de la acusación formal presentada por la Fiscalía.
El origen del caso
El caso se remonta al año 2020, cuando la entonces estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), dirigida por Marco Bográn, gestionó la compra de siete hospitales móviles para reforzar la capacidad hospitalaria del país frente a la pandemia de COVID-19.
La adquisición, valorada en aproximadamente 1,174 millones de lempiras (unos 47.5 millones de dólares), fue realizada mediante el empresario Axel López, representante de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems Inc., quien actuó como intermediario en la operación.
Desde el inicio, el proceso fue objeto de fuertes cuestionamientos debido a que el Estado realizó pagos anticipados millonarios, los hospitales llegaron con varios meses de retraso y, una vez instalados, múltiples inspecciones revelaron deficiencias técnicas, problemas de funcionamiento y limitaciones para brindar la atención médica para la cual habían sido adquiridos.
Un escándalo que marcó la pandemia
La compra de los hospitales móviles fue ampliamente criticada por organismos de sociedad civil, sectores médicos, entidades fiscalizadoras y expertos en transparencia, quienes denunciaron presuntos sobreprecios, incumplimientos contractuales y deficiencias en la planificación de la adquisición.
El caso dio lugar a diversas investigaciones del Ministerio Público y derivó en procesos judiciales contra varios exfuncionarios vinculados a Invest-H, entre ellos su exdirector Marco Bográn y otros exservidores públicos relacionados con la compra.
Las investigaciones sostienen que los hospitales no respondieron de manera oportuna a la emergencia sanitaria, pese a la elevada inversión realizada con fondos públicos, lo que convirtió el caso en uno de los símbolos de las denuncias de corrupción durante la pandemia.
Tres años fuera del proceso judicial
En noviembre de 2023, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra Alba Consuelo Flores. Desde entonces, la exministra no compareció ante los tribunales, por lo que permaneció prófuga de la justicia durante casi tres años.
Su defensa había intentado anteriormente gestionar una presentación voluntaria; sin embargo, la solicitud no prosperó en ese momento. Finalmente, este 30 de julio fue aceptado el escrito mediante el cual se fijó para el 4 de agosto la fecha en que deberá presentarse ante el órgano jurisdiccional competente.
Próxima etapa del proceso
Con la comparecencia prevista, el Poder Judicial dará continuidad al proceso penal para determinar la situación legal de la exfuncionaria. Durante la audiencia correspondiente, el Ministerio Público expondrá los elementos de prueba que sustentan la acusación, mientras la defensa ejercerá los recursos que considere pertinentes dentro del proceso.
El caso de los hospitales móviles continúa siendo uno de los expedientes de corrupción más relevantes surgidos tras la pandemia de COVID-19 en Honduras y mantiene bajo investigación a varios exfuncionarios por decisiones adoptadas durante la emergencia sanitaria.
