Tegucigalpa, 7 de septiembre de 2025.-En respuesta a recientes declaraciones de la señora Migdonia Ayestas, quien afirmó que Honduras es el país más violento de la región centroamericana, la Policía Nacional considera necesario aclarar y contextualizar los avances reales en materia de seguridad ciudadana.
En primer lugar, es importante diferenciar entre cultura y criminalidad. El pueblo hondureño es trabajador, solidario y profundamente apegado a la familia, valores que no deben confundirse con los actos delictivos de grupos que, durante años, se aprovecharon de la debilidad institucional. El concepto de “país violento” debe basarse en estadísticas verificables y no en percepciones erradas que desconocen la transformación que vive Honduras.
Las cifras oficiales son contundentes: en el año 2016, durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, Honduras registró 5,150 muertes violentas. En contraste, para 2025 se contabilizan 1,556 muertes violentas, lo que significa una reducción histórica y sostenida del 78% en poco más de una década. Nunca antes el país había experimentado un descenso tan significativo en sus índices de violencia.
Este logro no es producto del azar. Responde al compromiso y respaldo que el actual Gobierno ha brindado a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Nacional, fortaleciendo las capacidades institucionales, en lugar de debilitarlas como sucedió en el pasado. Conviene recordar que aquel expresidente hondureño que hoy guarda prisión en Estados Unidos no solo está señalado por vínculos con el narcotráfico, sino que además administró el denominado Tazón de Seguridad, un impuesto creado con el fin de mejorar a la Policía Nacional y el servicio policial. Sin embargo, durante su gobierno dichos fondos fueron utilizados con otros fines e incluso se emplearon para atacar a la institución policial, en lugar de fortalecerla.
Hoy, en contraste, el Tazón de Seguridad sí se utiliza para lo que fue concebido: apoyar las políticas de seguridad ciudadana, modernizar a la Policía Nacional, dotarla de equipo, tecnología y formación, y fortalecer su servicio hacia la población.
La implementación del Estado de Excepción Parcial ha sido otro factor clave en la reducción de la violencia, permitiendo:
Incrementar el número de armas de fuego decomisadas, reduciendo la capacidad de acción de estructuras criminales.
Ejecutar más órdenes de captura contra individuos con historial delictivo.
Detener a extraditables requeridos por delitos graves a nivel internacional.
Enjuiciar a un mayor número de extorsionadores, debilitando a las maras y pandillas que por años sometieron a comunidades enteras.
Estos resultados reflejan no solo el esfuerzo de la Policía Nacional, sino también la voluntad política de un Gobierno que ha colocado la seguridad ciudadana como prioridad nacional.
Honduras, lejos de ser el país más violento de la región, se ha convertido en un ejemplo de cómo la decisión política, el trabajo institucional y la participación ciudadana pueden transformar la seguridad de una nación.
