El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, explicó este martes los alcances del decreto recientemente aprobado que reforma la Ley de Municipalidades, particularmente en lo relacionado con la eliminación del antejuicio a los alcaldes. En ese sentido, hizo un llamado a los ediles y a la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) para que, una vez publicado el decreto en el Diario Oficial La Gaceta, acudan al Poder Legislativo a dialogar y, si es necesario, se pueda reformar o derogar la normativa.
Redondo recordó que en 2009, tras el golpe de Estado, el Congreso Nacional aprobó de forma irresponsable una disposición que establecía transferencias del 11% del presupuesto a las municipalidades, sin contar con la opinión técnica de la Secretaría de Finanzas ni la participación de la Amhon. “Esa fue una medida populista que buscaba calmar la presión sobre los alcaldes y terminó engañando a todas las municipalidades”, afirmó.
Actualmente precisó el Partido Nacional gobierna 134 municipios, el Partido Libertad y Refundación (Libre) 64, y el Partido Liberal 99. A diferencia del pasado, el actual Gobierno ha garantizado transferencias reales y crecientes a todas las alcaldías, alcanzando cerca de 13,000 millones de lempiras desde el primer decreto del Presupuesto General de la República.
Redondo subrayó que el Congreso ha actuado conforme al artículo 215 de la Constitución de la República, el cual establece que todo proyecto aprobado debe enviarse al Poder Ejecutivo en un plazo de tres días para su sanción y posterior publicación como ley. “Nosotros sí cumplimos la Constitución, algo que en el pasado no se hacía”, afirmó.
Explicó además que la reforma fue parte de un proyecto de ley más amplio que contenía tres capítulos: el primero proponía otorgar carácter constitucional a la CICIH y permitir su participación como querellante adhesivo; el segundo, la renuncia al fuero legislativo por parte de los diputados; y el tercero, las reformas a la Ley de Municipalidades.
Sobre este último punto, indicó que la propuesta surgió en una reunión privada sostenida en el Congreso con representantes de Naciones Unidas en el marco de las negociaciones para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. En dicha ocasión se compartieron decretos aprobados desde 2014 que debían ser revisados o derogados, entre ellos la Ley de Colaboración Eficaz, aún pendiente de votación.
Finalmente, el presidente del Legislativo envió un mensaje claro a los alcaldes: “Si no están de acuerdo con el decreto, nos reunimos, lo discutimos y, una vez publicado en La Gaceta, se puede presentar una iniciativa para reformarlo o derogarlo. Así como se aprueba una ley, también puede modificarse o eliminarse. No hay nada que temer si se actúa con transparencia y apertura al diálogo”, concluyó Redondo.
