Tegucigalpa, Honduras | Lunes 20 de julio de 2026. El juez Marco Vallecillo solicitó este lunes al Poder Judicial que se le permita reincorporarse a sus funciones como juez coordinador del Juzgado Nacional de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anulara el proceso penal por extorsión que enfrentó entre 2024 y 2026 mediante la concesión de una garantía de amparo.
El abogado defensor de Vallecillo, Marlon Arévalo, informó que la petición busca esclarecer la situación laboral de su representado, argumentando que la resolución de la Sala de lo Constitucional determinó que el proceso promovido por el Ministerio Público vulneró el debido proceso.
De acuerdo con el fallo, los fiscales debieron tramitar un antejuicio, procedimiento establecido para jueces y magistrados antes de que puedan ser sometidos a un proceso penal ordinario cuando existen sospechas de la comisión de un delito.
Arévalo recordó que el artículo 64 de la Ley de la Carrera Judicial establece que un juez o magistrado puede ser destituido cuando exista un auto de prisión en su contra por un crimen o simple delito. Sin embargo, sostuvo que Marco Vallecillo nunca fue notificado oficialmente de una destitución y que únicamente permaneció suspendido de sus funciones, situación que calificó como “arbitraria”.
Asimismo, el apoderado legal señaló que, al quedar anulado el proceso penal por violaciones al debido proceso, su representado debe ser considerado inocente, ya que la causa judicial quedó sin efecto.
Marco Vallecillo fue acusado en 2024 por el delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido. Durante el juicio, el Ministerio Público solicitó una condena de 20 años de prisión. No obstante, la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional dejó sin validez el proceso, al concluir que no se siguió el procedimiento legal correspondiente para procesar a un funcionario judicial con fuero especial.
La solicitud de reincorporación deberá ser analizada por las autoridades del Poder Judicial, que determinarán la situación administrativa y laboral del juez tras la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia.
