Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en coordinación con la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ejecutó este lunes una amplia operación de privación de dominio sobre 104 bienes considerados de origen ilícito y vinculados a varios integrantes de un mismo núcleo familiar.
Las acciones se desarrollan simultáneamente en los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque, donde las autoridades intervienen 19 bienes inmuebles, 40 vehículos, 38 productos financieros y siete empresas mercantiles, que estarían relacionados con un ciudadano hondureño contra quien el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en mayo de 2025 y sobre quien pesa una alerta roja internacional.
De acuerdo con las investigaciones, el principal señalado y varios miembros de su familia habrían conformado una red patrimonial cuya procedencia de fondos no ha podido ser justificada ante las autoridades competentes.
Las pesquisas realizadas por la ATIC también establecen presuntos nexos comerciales y financieros entre el investigado y Orlando Pinto Espino, identificado por las autoridades como uno de los principales líderes de la estructura criminal conocida como “Los Pinto”.
Un informe elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) revela que el principal acusado habría movilizado más de 1,600 millones de lempiras a través del sistema financiero nacional, sin que se haya podido determinar el origen de una parte significativa de esos recursos.
Según el documento, las investigaciones identificaron un faltante de justificación superior a 418 millones de lempiras, monto que presuntamente no guarda relación con las actividades económicas declaradas por los investigados.
El Ministerio Público informó que, tras diversas diligencias, análisis patrimoniales y pericias financieras, existen indicios de que los recursos utilizados para la adquisición de los bienes intervenidos podrían provenir de actividades ilícitas, razón por la cual se procedió a ejecutar las medidas de aseguramiento patrimonial.
Las autoridades señalaron que estas acciones buscan evitar la disposición o transferencia de los bienes mientras avanzan los procesos judiciales correspondientes, en el marco de la lucha contra el crimen organizado, el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito.
El caso continúa en investigación y las autoridades no descartan nuevas acciones conforme avancen las diligencias y el análisis de la evidencia recopilada.
