Tegucigalpa, Honduras. — El Ministerio Público habría separado de sus cargos al fiscal Rony Alexander Reyes Torres y al jefe de peritos Walter Rolando Mendoza Carías, ambos vinculados al proceso investigativo seguido contra el exalcalde de El Paraíso, Copán, Amílcar Alexander Ardón.
De acuerdo con la información proporcionada, las separaciones estarían relacionadas con presuntas negligencias e irregularidades detectadas durante el desarrollo del expediente, particularmente en lo referente al manejo y presentación de la prueba pericial ante los tribunales.
Investigación bajo cuestionamiento
En el proceso también participó como perito Aleyda Dinora Rodríguez Aguilar, quien formó parte de las actuaciones relacionadas con la evidencia presentada durante el caso.
Las presuntas irregularidades habrían generado cuestionamientos sobre la forma en que fueron gestionados determinados elementos de prueba dentro del proceso judicial, situación que habría derivado en medidas administrativas al interior del Ministerio Público.
La separación de los funcionarios ocurre en un contexto de especial atención sobre el caso de Amílcar Alexander Ardón, luego de que la Sala II del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictara un fallo absolutorio a su favor por el delito de lavado de activos, según la información previamente comunicada por las autoridades.
Manejo de la prueba pericial
Uno de los aspectos que estaría bajo revisión es precisamente el trabajo relacionado con la prueba pericial, debido a que estos elementos pueden resultar determinantes dentro de una investigación y posteriormente durante el debate judicial.
Las presuntas negligencias señaladas deberán ser establecidas mediante las investigaciones y procedimientos administrativos correspondientes, por lo que cualquier responsabilidad deberá determinarse conforme a derecho.
Ministerio Público deberá aclarar las separaciones
La situación plantea interrogantes sobre los procedimientos utilizados durante la investigación y sobre las actuaciones de los funcionarios que tuvieron participación en el expediente.
Hasta que las autoridades competentes emitan información oficial y concluyan las investigaciones respectivas, las señalamientos deben ser considerados presuntos y no constituyen por sí mismos una determinación definitiva de responsabilidad.
El caso queda ahora bajo atención pública debido a las posibles consecuencias que las actuaciones investigativas y el manejo de la prueba pudieron tener dentro del proceso judicial.
