Tegucigalpa, Francisco Morazán, 18 de junio de 2026. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realizó este jueves una serie de inspecciones en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), como parte de una investigación relacionada con presuntas irregularidades en proyectos de construcción de hospitales públicos.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, las diligencias tienen como finalidad recopilar documentación y elementos de prueba que permitan fortalecer un expediente investigativo vinculado a obras hospitalarias cuya ejecución comenzó en años anteriores.
Los equipos conformados por fiscales especializados y agentes de investigación se desplazaron a distintos departamentos de la SIT para recabar información técnica, administrativa y financiera relacionada con los proyectos en análisis.
Según el Ministerio Público, estas acciones se desarrollan bajo control jurisdiccional y buscan obtener documentación considerada fundamental para el avance de las investigaciones. Las autoridades indicaron que previamente se había solicitado información pertinente sobre las obras, la cual no habría sido puesta a disposición de la fiscalía, motivo por el cual se procedió con las inspecciones.
Las pesquisas se centran en verificar la correcta ejecución de los recursos públicos destinados a la construcción de centros hospitalarios, así como determinar si existieron posibles irregularidades administrativas o financieras durante el desarrollo de los proyectos.
El Ministerio Público reiteró que todas las actuaciones se realizan en apego a los principios de objetividad, legalidad y transparencia que rigen la labor investigativa de la institución.
Asimismo, la entidad reafirmó su compromiso de continuar combatiendo los actos de corrupción que puedan generar perjuicios al erario público y afectar la adecuada prestación de servicios esenciales para la población hondureña.
Las investigaciones continúan en curso y serán las autoridades competentes quienes determinen las responsabilidades correspondientes una vez concluidas las diligencias y análisis de la documentación recabada.
