La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala concluyó su segunda visita oficial al país realizada del 16 al 20 de febrero de 2026, en el marco de su mandato de acompañamiento técnico a los procesos de elección de segundo grado para elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, Fiscal General y Contralor General de Cuentas previstos para 2026.
Esta segunda visita tuvo como propósito profundizar el diálogo con instituciones y actores relevantes; dar seguimiento a hitos críticos de los procesos de postulación y designación; identificar fortalezas y riesgos que puedan afectar la integridad, la confianza pública y la continuidad institucional; y formular recomendaciones técnicas, preventivas y accionables, basadas en estándares interamericanos y en buenas prácticas comparadas.
Reuniones y espacios de interlocución
La Misión sostuvo reuniones de trabajo con autoridades de los tres poderes del Estado —Presidente de la República y Ministro de Gobernación, Directiva del Congreso y Jefes de Bloque y Corte Suprema de Justicia—, así como con la Corte de Constitucionalidad y con actores clave del proceso democrático.
En coherencia con su mandato de promover un diálogo inclusivo y participativo, la Misión también mantuvo espacios de interlocución con representantes del sector empresarial, sociedad civil, iglesias, medios y otros actores relevantes, reconociendo que su participación contribuye a la veeduría, la auditoría social y la construcción de confianza ciudadana en momentos de especial sensibilidad institucional.
Seguimiento a hitos institucionales durante la visita
En el marco de esta segunda visita, la Misión dio seguimiento cercano a momentos relevantes de los procesos de elección en curso, destacando:
• Tribunal Supremo Electoral: la Misión estuvo presente en la sesión pública de la Comisión de Postulación, a fin de dar seguimiento al cierre del trabajo de esta Comisión. En particular, tomó nota, el 17 de febrero, de la conformación de la nómina de 20 candidaturas, a partir de la cual el pleno del Congreso de la República deberá elegir a cinco magistraturas titulares y cinco suplentes para el período 2026–2032.
Asimismo, envió una carta a la Junta Directiva y a la instancia de Jefes de Bloque del Congreso, en la que trasladó observaciones sobre debilidades en la etapa de postulación del TSE —instrumentos insuficientes, falta de entrevistas públicas, déficits de trazabilidad y candidaturas cuestionadas— y llamó a corregirlas en la fase congresional. En esa línea, recomendó al Organismo Legislativo la realización audiencias públicas obligatorias para efectuar entrevistas a los candidatos, publicidad activa de expedientes, revisión de integridad reforzada y decisiones motivadas en sesión pública, para fortalecer la legitimidad e independencia del órgano electoral.
• Fiscal General y Jefe del Ministerio Público: la Misión visitó el módulo de recepción de expedientes en la sede de la Corte Suprema de Justicia y sostuvo intercambios técnicos con relación al proceso de la Comisión de Postulación para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, en un momento coincidente con una etapa determinante del proceso: la recepción de expedientes del 16 al 20 de febrero, de acuerdo con el cronograma y convocatoria publicados por la Comisión.
Principales elementos recogidos por la Misión tras esta segunda visita
A partir de las informaciones recibidas y las reuniones sostenidas y del seguimiento a los hitos descritos, la Misión recoge los siguientes elementos relevantes:
• La demanda transversal de mayor transparencia, trazabilidad y publicidad activa en cada etapa de los procesos de postulación y designación, con información accesible y oportuna para el escrutinio ciudadano.
• La necesidad de que las evaluaciones no se limiten a requisitos formales, sino que incorporen un perfil con la valoración sustantiva de idoneidad, independencia, integridad e imparcialidad, con metodologías claras y verificables.
• La preocupación por conflictos de interés y por prácticas que puedan comprometer la independencia institucional, lo que refuerza la importancia de reglas explícitas sobre incompatibilidades, declaraciones de interés, y mecanismos efectivos de excusa, inhibición y recusación.
• La necesidad de prevenir cualquier forma de negociación opaca, tráfico de influencias o arreglos predeterminados que sustituyan criterios de mérito por cuotas o acuerdos ajenos a los principios constitucionales.
• La importancia de audiencias y entrevistas públicas, con reglas claras, criterios comparables y registro accesible como herramienta para fortalecer la transparencia y la legitimidad democrática de las decisiones.
• La necesidad de garantizar que las designaciones excluyan candidaturas con vínculos con estructuras criminales, señalamientos fundados graves de corrupción o antecedentes que comprometan la independencia e imparcialidad, aplicando estándares reforzados de debida diligencia, probidad y verificación de integridad.
La Misión reitera su preocupación institucional ante cualquier forma de injerencia indebida, intimidación o actuaciones que puedan afectar la libertad del sufragio, la independencia de los procesos o la confianza pública. En tal sentido, recuerda que la integridad de estos procesos exige que toda actuación estatal se conduzca con estricta observancia de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, evitando así impactos disruptivos sobre procesos electivos en curso.
Recomendaciones de cara a las etapas pendientes
Considerando que aún restan fases decisivas en varios procesos, la Misión formula las siguientes recomendaciones técnicas, preventivas y orientadas en estándares interamericanos:
A. Para la elección de las magistraturas del TSE (fase Congreso y eventual revisión fase Comisión)
1. Conducir la selección final bajo reglas públicas y predecibles, incluyendo la publicación oportuna de agenda, documentación relevante, criterios de decisión y mecanismos de deliberación, asegurando que el proceso congresional no se limite a una validación automática de la nómina remitida, sino que ejerza plenamente su función constitucional de evaluación sustantiva.
2. Fortalecer el escrutinio público mediante audiencias o entrevistas públicas estandarizadas —o mecanismos equivalentes— que permitan evaluar la idoneidad, independencia e integridad con criterios uniformes y comparables, incorporando un análisis crítico de los señalamientos y cuestionamientos planteados por diversos sectores de la sociedad civil.
3. En caso de advertirse deficiencias sustantivas que comprometan la integridad, independencia o legitimidad del órgano electoral, considerar la adopción de medidas correctivas dentro del marco constitucional y legal vigente, incluyendo la posibilidad de requerir subsanaciones o mecanismos que aseguren que la integración final del TSE responda a estándares reforzados de mérito e idoneidad.
4. Garantizar votaciones públicas y decisiones motivadas, con registro accesible de los fundamentos individuales de cada elección, a fin de robustecer la legitimidad democrática de la autoridad electoral.
5. Facilitar condiciones adecuadas para la observación y veeduría conforme la ley, asegurando acceso a información, actas y resultados, y promoviendo un debate público libre de estigmatización.
B. Para el proceso de Fiscal General y Jefe del MP (fase Comisión y fase Ejecutivo)
6. Asegurar que cada etapa (verificación de requisitos, evaluación, entrevistas, tratamiento de objeciones, integración de nómina) se rija por procedimientos transparentes, auditables y verificables, con publicidad activa de los instrumentos, actas y fundamentos.
7. Implementar entrevistas con metodología estandarizada y definida que permitan valorar la independencia, integridad, capacidad directiva y visión institucional.
8. Proteger la participación de aspirantes y comisionados frente a presiones o intimidaciones, evitando el uso instrumental de herramientas penales o medidas coercitivas como mecanismo de inhibición.
9. Garantizar decisiones públicas y motivadas, con acceso a los fundamentos de cada decisión.
10. En la fase final, cuando el Presidente reciba la nómina, privilegiar una decisión debidamente motivada y sustentada en mérito, independencia e integridad, reestableciendo la confianza pública en la institución.
C. Para las designaciones ante la Corte de Constitucionalidad (CC)
11. En los órganos designantes que aún deben elegir magistraturas, asegurar procedimientos con máxima publicidad, evaluación objetiva y decisiones debidamente motivadas, acordes con la centralidad constitucional de la CC como garante del orden constitucional y del control de convencionalidad. Ello implica no solo transparencia formal, sino la aplicación de estándares reforzados de idoneidad, independencia y probidad.
12. La Misión toma nota de las preocupaciones expresadas en distintos sectores respecto de la posible utilización abusiva de herramientas penales o actuaciones del Ministerio Público que podrían interpretarse como formas de presión o criminalización en el contexto de procesos electivos, incluyendo antecedentes recientes vinculados a la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). En este sentido, reitera que toda actuación estatal debe conducirse con estricto apego a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, evitando cualquier efecto inhibidor o intimidatorio sobre órganos electores, candidaturas o resultados válidamente emitidos.
13. La publicidad del procedimiento, siendo indispensable que decisiones finales no recaigan en perfiles con cuestionamientos fundados, graves conflictos de interés o antecedentes que comprometan su independencia. En consecuencia, los órganos designantes deben privilegiar candidaturas con trayectoria profesional sólida y ética pública intachable, sin señalamientos sustantivos de corrupción, instrumentalización política o vínculos incompatibles con la función constitucional que podrían ejercer. La legitimidad de la CC depende no solo del proceso, sino de la calidad ética y técnica de quienes la integran.
14. Evitar demoras que puedan afectar la renovación oportuna de la CC y generar incertidumbre institucional, garantizando continuidad, estabilidad y previsibilidad en el funcionamiento del máximo intérprete de la Constitución.
D. Recomendación transversal: condiciones de integridad democrática
15. Garantizar que las candidaturas tengan un compromiso no negociable con los principios que rigen la democracia y el Estado Constitucional de Derecho y los derechos humanos.
16. Garantizar que la observación y veeduría (sociedad civil, academia, medios y comunidad internacional) pueda realizarse sin obstáculos y que el debate público ocurra sin estigmatización, amenazas o represalias.
La Misión agradece la cooperación de las autoridades y de todos los sectores con quienes sostuvo reuniones durante esta segunda visita. Asimismo, reitera su disposición a continuar brindando acompañamiento técnico, conforme a su mandato bajo los estándares interamericanos, y a compartir buenas prácticas que contribuyan a la legalidad, transparencia, previsibilidad y legitimidad de los procesos de designación, así como al fortalecimiento institucional de la democracia en Guatemala.
