Tegucigalpa, Honduras | 29 de julio de 2026. Un grupo de organizaciones territoriales, indígenas, negras, feministas, campesinas, sindicales, populares y comunitarias, junto con la Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras, presentó este miércoles una solicitud de juicio político mediante iniciativa ciudadana contra varios diputados del Congreso Nacional por su participación en la aprobación del Decreto No. 107-2026, denominado Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras.
En un comunicado de prensa, las organizaciones sostienen que la normativa favorece intereses privados sobre los territorios y bienes comunes del país, por lo que consideran que su aprobación constituye una actuación contraria a la Constitución de la República, los derechos humanos y el interés nacional.
Solicitud respaldada por más de 14,000 firmas
Los promotores de la iniciativa informaron que la denuncia fue respaldada por más de 14,000 firmas de ciudadanos hondureños, quienes solicitan que el Congreso Nacional inicie un procedimiento de juicio político contra los funcionarios señalados.
Entre las personas mencionadas en la solicitud figura el presidente del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano Molina, así como el diputado Erick José Alvarado Alvarado, identificado como proyectista del decreto, y varios integrantes de la comisión de dictamen que aprobaron y firmaron favorablemente la iniciativa legislativa.
Asimismo, el documento incluye señalamientos individuales contra Marcos Paz, en su condición de presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, y contra Leonel López, vicepresidente del Congreso Nacional, por actuaciones relacionadas con la incorporación de proyectos de energía y del sector turismo al contenido de la ley.
Argumentos de la denuncia
Las organizaciones afirman que la solicitud de juicio político se fundamenta en presuntas actuaciones contrarias a la Constitución de la República y al interés nacional, conforme a lo establecido en la Ley Especial del Juicio Político y la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana.
En ese sentido, solicitaron al Congreso Nacional verificar las firmas y huellas dactilares de los ciudadanos que respaldan la iniciativa, admitir la denuncia, conformar la comisión especial correspondiente e investigar los hechos denunciados para determinar las responsabilidades que correspondan.
Exigen derogación de decretos
Además de la solicitud de juicio político, las organizaciones demandaron la derogación inmediata de los Decretos Nos. 93-2021, 84-2026 y 107-2026, al considerar que dichas normas continúan generando afectaciones sobre los derechos colectivos, la propiedad comunal y los territorios ancestrales.
También solicitaron la pronta resolución de los recursos de inconstitucionalidad presentados contra esas disposiciones y reclamaron el cese de la estigmatización, criminalización y persecución penal contra organizaciones y líderes sociales, indígenas y campesinos.
Defienden autonomía de la iniciativa
En la parte final del comunicado, las organizaciones señalaron que la solicitud de juicio político constituye una iniciativa autónoma e independiente, desvinculada de partidos políticos, y aseguraron que su objetivo es la defensa de la Constitución, los derechos humanos y los territorios de comunidades indígenas, garífunas y campesinas.
Finalmente, reiteraron que continuarán impulsando acciones jurídicas, políticas y de movilización social para promover la derogación de las leyes cuestionadas y exigir el respeto pleno a los derechos de los pueblos y comunidades del país.
