El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, destacó en las últimas horas que los contratos de préstamo que el pleno se dispone a aprobar, son para personas que no tienen empleo y para beneficiar a los migrantes retornados.
Redondo explicó que, en la sesión del miércoles, se agendó aprobar todos los préstamos, pero lo que ocurre es que existe es una posición de actores que están en los movimientos políticos que no quieren aprobar cualquier cosa que pudiera representar, según ellos, algo que pueda desarrollar el Gobierno en el sector laboral.
Por ejemplo, los 20 millones que se aprobarían para poder dar cursos o capacitación a personas que no tienen empleo y que puedan optar a otros trabajos diferentes, “eso yo no lo pararía nunca, además que hay 5 millones que son por donación, que servirían únicamente para los migrantes retornados, yo no creo que se vayan a oponer mañana por eso que es que trajimos algunos funcionarios de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y de la Secretaría de Trabajo para que dieran una amplia explicación”.
Agregó que este jueves se va a traer a otros funcionarios para que puedan explicar el uso de esos 20 millones, el de 25 millones también y el de 96 millones, el pueblo hondureño tiene que saber, que esa cantidad representa construcción, representa cemento, entonces, detrás de la construcción y el cemento, hay varios actores que quieren o están interesados en la construcción y el cemento, por eso es que son estos proyectos de decreto y contratos que se dan fácil, pero cuando es uno de darle al pueblo, formación, de darle capacitación, porque ya no va los que hacen obras o venden cemento, entonces ya le ponen un pero porque ven que hay un beneficio para el pueblo y creen que esto se hace de una manera política.
En ese sentido, aseveró que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), no se meten en cuestiones políticas, de hecho, se invitó a personeros de esos organismos multilaterales para que pudieran argumentar cuál es el mecanismo de verificación y auditoría que se utilizaría.
Por otro lado, recordó que el proyecto de la Ley de Colaboración Eficaz viene desde que estuvo la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) que envió esa iniciativa, pero en un ente que creó el gobierno anterior, ahí lo modificaron todo y después la versión que llegó al Congreso Nacional, era una versión bastante limitada que beneficiaba más al gobierno.
En ese sentido, se presentó otro proyecto y se presentaron otras iniciativas y actualmente el dictamen está en tercer debate, pero no quiere que al momento de someter a discusión eso vayan a salir con el cuento de que el presidente del Congreso lo sometió sabiendo que no tiene los votos; todos los congresistas que no tienen actos de corrupción, que no estaban vinculados con el crimen organizado, o que no andan ofreciendo 15 millones por ahí en financiamiento político, no tienen que temer a la Ley de Colaboración Eficaz.
Asimismo, Redondo reveló que si hay algún requerimiento fiscal como ha habido un montón, pero si se ha solicitado información de varios congresistas o diputados que estuvieron en este poder del Estado y su obligación es entregarla cuando se la pidan.
Aclaró que el fuero legislativo no se podría aplicar a quienes aprobaron la ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), porque esas acciones fueron antes de que se aprobara ese fuero. En el momento que se aprobaron las ZEDE no había fuero legislativo.
En otro tema, aclaró que en el decreto del bono compensatorio para el sector transporte, no se criminaliza la protesta, sino que lo que se ha establecido es un artículo que garantiza que el sector transporte no se vaya al paro del servicio que el Estado subsidia, que, en lugar de eso, vayan siempre a una mesa de diálogo.
