Tegucigalpa, Honduras. — El Ministerio Público habría separado de su cargo a un fiscal vinculado al proceso penal contra Yosary Yasmín Valle Aguilar, conocida como la “Hija Valle Valle”, luego de que se señalaran presuntas irregularidades en el manejo de la cadena de custodia de elementos relacionados con el expediente.
La separación se produce en medio de cuestionamientos sobre el desarrollo del caso, particularmente respecto al cumplimiento de los procedimientos establecidos para garantizar la integridad y validez de los elementos probatorios utilizados durante una investigación penal.
DETENCIÓN Y POSTERIOR SOBRESEIMIENTO
Yosary Yasmín Valle Aguilar, de 23 años, es hija de Miguel Arnulfo Valle Valle, señalado como uno de los antiguos líderes del cartel de narcotráfico de Los Valle.
La joven fue detenida en mayo de 2026, en el sector fronterizo de Corinto, Omoa, luego de ser señalada por su presunta vinculación con un triple asesinato ocurrido en 2016 en Santa Rosa de Copán.
Sin embargo, días después de su captura, un juez dictó sobreseimiento provisional a su favor, al considerar que no existían elementos probatorios suficientes para continuar el proceso en ese momento. Como consecuencia de esta resolución, Valle Aguilar recuperó su libertad.
CADENA DE CUSTODIA, BAJO CUESTIONAMIENTO
La cadena de custodia constituye un procedimiento fundamental dentro de una investigación criminal, ya que permite documentar la recolección, identificación, traslado, almacenamiento y presentación de los indicios para preservar su integridad.
En este caso, las presuntas irregularidades señaladas estarían relacionadas precisamente con el cumplimiento de esos procedimientos, situación que habría derivado en la separación del fiscal que participaba en el proceso.
Hasta el momento, la información proporcionada señala que la medida estaría vinculada al manejo de la evidencia dentro del expediente. Las circunstancias específicas de la separación y las eventuales responsabilidades administrativas o disciplinarias deberán ser determinadas por las autoridades competentes.
El caso vuelve a colocar bajo atención pública el trabajo del Ministerio Público y los procedimientos utilizados para garantizar que las investigaciones penales lleguen a los tribunales con pruebas obtenidas, documentadas y preservadas conforme a derecho.
