Tegucigalpa, Honduras | Martes 29 de septiembre de 2026. — La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó la revisión de medidas solicitada por el exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), Marco Antonio Bográn Corrales, dentro del expediente relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.
La resolución modifica la medida cautelar de prisión preventiva que mantenía vigente en ese expediente. Sin embargo, Bográn no quedaría en libertad inmediata, debido a que existen otras causas penales pendientes de resolución que mantienen restricciones sobre su situación jurídica.
De acuerdo con la información proporcionada sobre la resolución, el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ordenó extender la carta de libertad provisional y las respectivas notas de excarcelación correspondientes a ese expediente.
La resolución contempla además una alerta migratoria, con el objetivo de impedir que el exfuncionario abandone el territorio hondureño mientras continúan los procesos judiciales.
El caso de las mascarillas
El expediente se relaciona con la adquisición de aproximadamente 470,000 mascarillas realizada por INVEST-H durante abril y mayo de 2020, en plena emergencia sanitaria.
Según la investigación del Ministerio Público, se habrían producido irregularidades en el proceso de compra y en la comercialización del material de bioseguridad. La Fiscalía sostuvo que las mascarillas adquiridas no cumplían con las características requeridas para uso médico y que se habrían utilizado mecanismos para favorecer a determinadas empresas.
En febrero de 2023, Bográn fue condenado a seis años de reclusión, además de una multa superior a 39 millones de lempiras, por el delito de fraude relacionado con esta adquisición. También se estableció su inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena.
La Fiscalía había solicitado una pena mayor y anunció recursos contra determinados aspectos de aquella resolución.
Posteriormente, en enero de 2025, el Ministerio Público informó de una condena contra el excontador general de INVEST-H, Carlos Luis Guevara Mondragón, por su participación en la adquisición de las mascarillas.
Hospitales Móviles: otra de las causas
La situación jurídica de Bográn también está vinculada al denominado caso Hospitales Móviles, uno de los principales procesos de corrupción surgidos durante la emergencia por COVID-19.
Entre marzo y abril de 2020, INVEST-H realizó la adquisición de siete hospitales móviles destinados a atender la emergencia sanitaria. De acuerdo con el Ministerio Público, la operación involucró aproximadamente 1,174.5 millones de lempiras.
En mayo de 2022, Bográn fue condenado por fraude agravado en este expediente a 10 años y 11 meses de prisión, además de una sanción económica de aproximadamente 1,475 millones de lempiras y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble del período de la condena, según los datos publicados por el Ministerio Público.
La Fiscalía posteriormente manifestó su inconformidad con algunos aspectos de esa sentencia y anunció recursos de casación, al considerar que la responsabilidad penal establecida no abarcaba todos los delitos que, según su investigación, correspondían.
Un expediente que generó investigaciones adicionales
El caso de los hospitales móviles también involucró al empresario Axel Gamaliel López Guzmán, señalado por el Ministerio Público como representante de las empresas que suministraron las unidades hospitalarias.
La Fiscalía sostuvo que los siete hospitales y sus plantas de tratamiento representaron un costo aproximado de 47.5 millones de dólares, equivalentes entonces a unos 1,174.5 millones de lempiras, y cuestionó las condiciones y utilidad de las unidades adquiridas.
Las investigaciones derivaron además en procesos contra otros exfuncionarios y particulares vinculados a diferentes etapas de las adquisiciones realizadas durante la emergencia sanitaria.
¿Qué significa la nueva resolución?
La revisión concedida por la Sala Penal no implica la desaparición de las demás causas judiciales que enfrenta Bográn ni equivale, por sí misma, a una absolución.
La resolución permite modificar la situación cautelar dentro del expediente de las mascarillas, pero el exdirector de INVEST-H continuará privado de libertad mientras existan otras causas o resoluciones judiciales que así lo determinen.
La alerta migratoria también establece una restricción para su salida del país.
Historial judicial de Marco Bográn
- 2020: INVEST-H realiza compras de hospitales móviles y material de bioseguridad durante la emergencia por COVID-19.
- 2021: Bográn es sometido a proceso penal por el caso de los hospitales móviles y se le decreta prisión preventiva.
- 2022: Es condenado por fraude agravado en el caso de los hospitales móviles.
- 2023: Recibe una condena de seis años de prisión por fraude en la compra de aproximadamente 470,000 mascarillas.
- 2024: El Ministerio Público obtiene otra sentencia condenatoria relacionada con el manejo de fondos de INVEST-H durante la pandemia.
- 2026: La Sala Penal concede la revisión de medidas en el expediente de las mascarillas, pero Bográn permanece privado de libertad por las demás causas pendientes.
La decisión más reciente modifica una de las medidas cautelares, pero no pone fin al conjunto de procesos judiciales relacionados con el exdirector de INVEST-H.
