Juez concluye que no se acreditó la trazabilidad de los fondos señalados por la Fiscalía; la resolución extingue el proceso contra el exmandatario en este expediente, aunque puede ser apelada
Tegucigalpa, Honduras. — El expresidente Juan Orlando Hernández quedó en libertad este martes 1 de septiembre luego de que el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictara sobreseimiento definitivo a su favor en el proceso por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos relacionado con el caso Pandora II.
La resolución fue comunicada tras concluir la audiencia inicial. De acuerdo con el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, el juez determinó que no se acreditó la trazabilidad del dinero que, según la acusación, habría terminado vinculado al financiamiento de actividades políticas. La decisión deja sin efecto las medidas judiciales que pesaban contra Hernández dentro de este expediente y permite la emisión de su carta de libertad definitiva.
¿De qué se acusaba a JOH?
El expediente se remonta a una investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) sobre hechos ocurridos entre 2010 y 2013, cuando Porfirio Lobo era presidente de Honduras y Hernández ocupaba la presidencia del Congreso Nacional.
Según el requerimiento fiscal presentado en octubre de 2023, una estructura integrada por funcionarios habría intervenido en la ampliación y aprobación de desembolsos públicos por L288 millones, canalizados hacia las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista mediante distintas instituciones estatales.
La Fiscalía sostuvo que de esos recursos, al menos L62 millones habrían beneficiado la campaña política de Hernández mediante mecanismos que incluían empresas señaladas como ficticias, prestanombres y contratos cuestionados. Esos fondos, según la acusación, habrían llegado a estructuras políticas como “Azules Unidos”, “Amigos de JOH” y la sociedad mercantil “La Cachureca”.
La resolución que cambió el rumbo del caso
La defensa de Hernández había solicitado desde semanas atrás que el proceso fuera cerrado mediante un sobreseimiento definitivo, argumentando que los hechos atribuidos no tenían sustento penal suficiente.
Durante la audiencia, la defensa presentó 31 pruebas documentales y un testigo, mientras que el Ministerio Público presentó 16 documentos, un testigo y tres pericias. Según la explicación ofrecida por el Poder Judicial, el análisis judicial concluyó que no existía la trazabilidad necesaria para establecer el vínculo de los fondos con la campaña de Hernández.
Otro elemento considerado fue que las pericias establecieron que el uso del presupuesto correspondía al Poder Ejecutivo, mientras Hernández no ejercía la Presidencia de la República durante el período específico de los hechos investigados.
⚖️ Importante: ¿sobreseimiento significa que fue declarado inocente?
No exactamente. El sobreseimiento definitivo significa que el proceso penal queda cerrado para el imputado bajo las circunstancias y hechos analizados; jurídicamente no debe presentarse simplemente como una “declaración de inocencia”. Además, la resolución puede ser apelada ante la Corte de Apelaciones correspondiente.
HISTORIAL: DEL CASO PANDORA A PANDORA II
El expediente contra Hernández forma parte de una investigación más amplia sobre el supuesto uso irregular de recursos públicos.
En octubre de 2023, UFERCO presentó el requerimiento fiscal contra ocho exfuncionarios, entre ellos Hernández y el expresidente Porfirio Lobo Sosa. A Hernández se le imputaron fraude y lavado de activos por más de L62 millones, mientras otros acusados enfrentaron cargos relacionados con fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Posteriormente, el proceso avanzó con audiencias y medidas cautelares. En agosto de 2026, Hernández enfrentaba el expediente en libertad y con prohibición de salir del país, mientras se desarrollaba la audiencia inicial.
El 1 de septiembre de 2026, el juez finalmente dictó el sobreseimiento definitivo y se ordenó levantar las medidas que permanecían vigentes dentro de esta causa.
Un antecedente que marcó su situación judicial
El fallo hondureño se produce después de otro giro extraordinario en la situación judicial de Hernández. El exmandatario había sido extraditado a Estados Unidos en 2022 y condenado allí a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico. Posteriormente recibió un indulto presidencial estadounidense y regresó a Honduras en julio de 2026.
En abril de 2026, además, un tribunal federal estadounidense cerró formalmente aquel proceso después de que una decisión del Tribunal de Apelaciones dejara sin efecto la sentencia y ordenara desestimar el caso.
¿Qué queda pendiente?
Aunque el sobreseimiento definitivo representa una victoria judicial para Hernández y extingue el proceso en esta instancia, la resolución todavía puede ser objeto de apelación. Por ello, el alcance definitivo de la decisión dependerá de si el Ministerio Público u otra parte legitimada presenta un recurso y de lo que determine posteriormente la Corte de Apelaciones.
La decisión también vuelve a colocar bajo el foco público la discusión sobre la investigación de Pandora II, el destino de cientos de millones de lempiras en recursos públicos y la capacidad de las instituciones hondureñas para investigar y judicializar casos de presunta corrupción de alto impacto.
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Nota editorial: Esta información distingue entre las acusaciones formuladas por el Ministerio Público y los hechos establecidos en la resolución judicial. El sobreseimiento definitivo corresponde específicamente al expediente Pandora II y no debe confundirse con otros procesos o antecedentes judiciales de Hernández.
