Los agentes también recibieron una inhabilitación absoluta de 11 años y tres meses por hechos cometidos contra un joven que permanecía detenido en una posta policial.
Tegucigalpa, Francisco Morazán | 12 de octubre de 2026. El Ministerio Público de Honduras informó que tres expolicías fueron condenados a cinco años de prisión por el delito de tortura en perjuicio de un joven que sufrió graves quemaduras mientras se encontraba detenido en una posta policial del municipio de El Paraíso, departamento del mismo nombre.
La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) mediante un procedimiento abreviado. Además de la pena de prisión, los condenados recibieron una inhabilitación absoluta por 11 años y tres meses, como consecuencia de los hechos acreditados durante el proceso judicial.
Los condenados fueron identificados como Ariel Gustavo Sosa Andrade, Rigoberto Triminio Aguilar y Fabián Enrique Casco Herrera.
Los hechos ocurrieron en abril de 2023
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el jueves 13 de abril de 2023, el joven fue detenido por agentes de la Jefatura Municipal de El Paraíso, por un incidente relacionado con presunta violencia intrafamiliar en perjuicio de su madre.
Posteriormente, fue trasladado a las celdas policiales, donde ingresó aproximadamente a las 4:30 de la tarde.
Según el expediente, una vez dentro del recinto, uno de los agentes le reclamó por el supuesto maltrato hacia su madre y procedió a cortarle parte del cabello con una navaja. Otro policía le roció alcohol en el cabello, mientras que un tercer agente habría utilizado un encendedor para prenderle fuego.
El joven sufrió quemaduras graves en distintas partes del cuerpo, específicamente en los hombros, el pecho y las mejillas.
Ministerio Público reafirma compromiso con los derechos humanos
El Ministerio Público señaló que, a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, mantiene su compromiso de investigar y ejercer la acción penal contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuando existan indicios de abuso de autoridad y vulneración de los derechos fundamentales.
El caso pone de relieve la responsabilidad de los agentes estatales en la protección de la integridad física y los derechos de las personas bajo custodia policial.
Fuente: Ministerio Público de Honduras, comunicado informativo del 12 de octubre de 2026.
